La crisis de los humedales es hoy uno de los síntomas más graves del colapso ecológico global. En lugar de celebrar avances, el Día Mundial de los Humedales evidencia una destrucción masiva causada por la sobreexplotación del agua, la agroindustria intensiva y la connivencia política con intereses privados que han secado, degradado y privatizado algunos de los ecosistemas más valiosos del planeta.
La crisis de los humedales es una emergencia ambiental y social
El Día Mundial de los Humedales llega marcado por el colapso de estos ecosistemas, víctimas de la agroindustria, la especulación y décadas de abandono político.
La degradación de los humedales está empeorando en lugar de revertirse. La sobreexplotación de los acuíferos, la agroindustria intensiva, la contaminación difusa y la especulación urbana continúan secando y privatizando los humedales mediante intereses económicos con respaldo político. El daño se extiende más allá de los ecosistemas, afectando el empleo, la cohesión social y los medios de vida locales.
Este deterioro estructural se repite en todo el país, con responsabilidades claras y décadas de negligencia administrativa. Doñana destaca, donde el escaso control del riego ilegal y la continua expansión agrícola han llevado al humedal al colapso ecológico.
Cada 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales, en recuerdo de la firma del Convenio de Ramsar en 1971. Más de medio siglo después, lejos de celebrar avances, la situación de las zonas húmedas es crítica.
   |
   |
Los humedales son hoy los ecosistemas más degradados del planeta y uno de los símbolos más claros del expolio de la naturaleza por parte de un modelo económico que prioriza el beneficio de unos pocos frente a la vida.
Según datos del propio Convenio de Ramsar, desde el año 1700 se ha perdido cerca del 90% de los humedales del mundo, una destrucción que se aceleró de forma dramática a lo largo del siglo XX y que continúa en la actualidad.
España no ha sido ajena a este proceso. Según informes del MITECO, para la segunda mitad del siglo pasado había desaparecido ya entre el 60 y el 70% del patrimonio húmedo original. Fundamentalmente por su drenaje y transformación para usos agrarios e infraestructuras asociadas al desarrollo económico.
Un expolio histórico acelerado por el modelo económico
Hoy, lejos de revertirse, la degradación continúa. La sobreexplotación de acuíferos, la expansión de la agroindustria intensiva, la contaminación difusa y la especulación urbanística siguen secando, degradando y privatizando los humedales.
Esta situación no es fruto del azar ni de errores técnicos: responde a intereses económicos concretos, respaldados por decisiones políticas, que han puesto sistemáticamente el beneficio privado por delante del interés general.
Esta degradación no solo tiene consecuencias ambientales, sino también sociales y laborales.
El deterioro de los humedales afecta directamente a las condiciones de vida y de trabajo en los territorios, debilitando economías locales, destruyendo empleo ligado al medio rural, a la gestión del agua y a actividades sostenibles, y aumentando la precariedad y la despoblación.
Doñana y otros humedales al borde del colapso
Ejemplos de esta degradación estructural se repiten a lo largo de todo el territorio, con responsables directos perfectamente identificables y con administraciones públicas que han mirado hacia otro lado durante décadas.
Un caso paradigmático es el de Doñana, donde organismos como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía descuidaron durante años el control de las extracciones ilegales de agua para riego y, aún hoy, siguen permitiendo la expansión de la agricultura intensiva.
La combinación de ambas actuaciones ha conducido a este emblemático humedal al borde del colapso ecológico, mientras grandes propietarios, como la familia Campos Peña, la Casa de Alba o el torero ‘El Litri’, están siendo investigados y condenados por el expolio y el robo de agua del acuífero.
En 2023 el Gobierno aprobó el Plan Estratégico de Humedales a 2030, sin embargo, su desarrollo ha sido claramente insuficiente.
Compromisos que debían haberse cumplido como la actualización del Inventario Nacional de Zonas Húmedas, la delimitación y deslinde de los humedales que forman parte del dominio público, la identificación de prioridades de restauración o la eliminación de la posibilidad legal de desecar humedales, siguen sin materializarse. Cuando se ha actuado, además, en demasiadas ocasiones se ha hecho de forma superficial, sin abordar las causas estructurales de la degradación.
Planes públicos insuficientes frente a intereses privados tras la crisis de los humedales
Grandes inversiones públicas se han destinado a proyectos que no frenan el expolio del agua, no eliminan las presiones de la agroindustria intensiva ni recuperan la funcionalidad ecológica de los humedales.
Un ejemplo especialmente significativo es, una vez más, Doñana. Actuaciones clave para garantizar el futuro de la marisma, como la renaturalización y la restauración hídrica del Caño Guadiamar y del Brazo de la Torre, continúan bloqueadas.
La falta de ambición política y la negativa del Gobierno a afrontar la expropiación de los terrenos de la antigua marisma desecada, en manos de grandes terratenientes, mantienen estas intervenciones en un limbo administrativo. Poniendo en riesgo la recuperación real de uno de los humedales más valiosos de Europa.
El Plan Nacional de Restauración debe tomar otro rumbo
En el contexto actual de elaboración del Plan Nacional de Restauración, impulsado tras la aprobación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, organizaciones ambientales y sociales reclaman un cambio profundo de rumbo.
Entre ellas se encuentran: AEMS–Ríos con vida, Amigas de la Tierra, la Asociación Española de Educación Ambiental, Ecologistas en Acción Y Juventud por el Clima–Fridays For Future. Además de la Fundación Global Nature, la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas y la UGT.
La restauración de humedales debe ocupar un lugar central y no puede limitarse a actuaciones cosméticas ni convertirse en una herramienta de greenwashing institucional.
Es imprescindible contar de manera urgente con un listado nacional de humedales susceptibles de recuperación que permita priorizar actuaciones ambiciosas y coherentes. Además de completar el Inventario Nacional de Zonas Húmedas tras más de dos décadas de retrasos.
También se debe garantizar la protección y gestión efectiva del dominio público hidráulico y eliminar cualquier resquicio legal que permita la desecación de estos ecosistemas. Al mismo tiempo, resulta inaplazable reducir de forma drástica los impactos de la agricultura y la ganadería intensivas. Especialmente en las zonas de influencia de los humedales, responsables de buena parte de su degradación.
Restaurar humedales es restaurar empleo y territorio
Frente a la falta de voluntad institucional en favor del interés económico de unos pocos terratenientes, las organizaciones afirman con claridad que sí se puede. Cuando se eliminan las presiones, se devuelve el agua a los ecosistemas y se prioriza el interés general, los humedales responden y la vida vuelve.
En los últimos años, existen ejemplos de restauración que demuestran que otro camino es posible. Es el caso de la Pletera (Girona), un antiguo complejo de humedales litorales degradado por proyectos urbanísticos. El mismo, tras la eliminación de infraestructuras y la recuperación de la dinámica hídrica natural, ha recuperado su funcionalidad ecológica
O el de Campo de Lamas (Galiza), donde la reversión de la desecación histórica ha permitido la regeneración del humedal. Estos procesos muestran que restaurar humedales no solo mejora la biodiversidad y la calidad del agua, sino que recupera memoria colectiva, refuerza la resiliencia frente a las crisis ecológica y climática y abre horizontes de futuro.
Una transición ecológica justa e integral para poner coto a la crisis de los humedales
Abordar su restauración exige, por tanto, una transición ecológica justa, que ponga en el centro el interés general, garantice empleo digno y con derechos para no dejar a nadie atrás. Y que efuerce los servicios públicos, al tiempo que corrija un modelo productivo que ha socializado los costes ambientales y sociales mientras concentraba los beneficios en manos de unos pocos.
Devolver el agua a los humedales es una cuestión de justicia ambiental y social. Significa poner límites a quienes los secaron para enriquecerse y detener la crisis de los humedales. Y apostar por un modelo de relación con el territorio que cuide la vida. Restaurar los humedales es restaurar el futuro. Y esa es una decisión política que no puede seguir esperando.
A pesar de la aprobación de un Plan Estratégico de Humedales hasta 2030, su implementación se ha retrasado. Las medidas clave siguen inconclusas, mientras que las inversiones públicas a menudo ignoran las causas fundamentales y dejan paralizados proyectos cruciales de restauración en Doñana.
Mientras España prepara su Plan Nacional de Restauración, grupos ambientalistas y sociales exigen acciones ambiciosas. Las restauraciones exitosas demuestran que la recuperación es posible. Vinculando la protección de los humedales con la biodiversidad, la resiliencia climática, la justicia social y el empleo sostenible. Seguir leyendo en MEDIO AMBIENTE
