Ya se conocen las conclusiones y resultados del primer Estudio de zonificación y áreas funcionales del territorio nacional que se ha llevado a cabo con la idea de sacar soluciones y estrategias para poder hacer frente al reto demográfico al que se enfrenta el país.
En total y gracias a este trabajo se ha identificado más de 600 áreas funcionales donde se llevarán a cabo las acciones que formarán parte de la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico.
En este sentido, los responsables de este primer informe han explicado que todas las decisiones desde el ámbito político que se hagan en temas de despoblación, reto demográfico o equidad territorial deben contar siempre con los datos obtenidos en este estudio. Así se ayudará a estos territorios a mejorar su calidad de vida.
Las áreas funcionales donde se implementarán medidas dentro de la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico
El secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya, ha presentado a los representantes de las comunidades autónomas los resultados del primer Estudio de zonificación y áreas funcionales del territorio nacional, que servirá para adecuar las medidas que se desplegarán en el marco de la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico a la situación concreta de cada uno de los municipios de reto demográfico y mejorar la toma de decisiones.
En el grupo de trabajo que se ha desarrollado esta mañana, los representantes de las distintas comunidades autónomas han podido conocer las principales conclusiones de este estudio que, basándose en criterios demográficos y socioespaciales, divide España en las 600 áreas funcionales que serán claves en el despliegue de la nueva Estrategia.
“La toma de decisiones políticas sobre el reto demográfico, la despoblación y la equidad territorial, deben partir del mejor análisis posible, de datos fehacientes, que nos ayuden a identificar la funcionalidad de nuestros territorios y poder así impulsar el refuerzo en la prestación de servicios y la calidad de vida en todo el territorio, a partir de la garantía de la proximidad”, ha explicado Boya durante el encuentro.
Este estudio, que parte del análisis a escala inframunicipal de los 36.846 núcleos de población que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) y busca identificar relaciones funcionales que las divisiones municipales no permiten observar, identifica 600 áreas funcionales en nuestro país.
Para ello, crea una clasificación que, teniendo en cuenta tanto los tiempos medios de desplazamientos, como los flujos de población y los servicios básicos, asigna a las agrupaciones territoriales a un nivel determinado, en una escala que va desde el nivel 1 –entre 100 y 500 habitantes– al nivel 6 –más de 50.000 habitantes–.
Esta distinción permite establecer una clasificación territorial para poder actuar específicamente en aquellas áreas que se consideren de especial relevancia en función de los indicadores para el reto demográfico.
Entre estos indicadores destacan la densidad poblacional del área y de la provincia, donde será prioritaria la atención de aquellos territorios con menos de 25 hab/km2; la pérdida histórica de habitantes, especialmente en aquellas áreas donde exista una pérdida acumulada superior al 10% desde su máximo histórico; y la pérdida reciente de población, donde la prioridad se fija en aquellas localidades con una decrecimiento anual superior al 0,5%, a los que se suman otros criterios relacionados con la economía, la geografía o la sanidad, entre otros.
Así, este primer acercamiento, permitirá impulsar una estrategia priorizando el apoyo a aquellas zonas donde las necesidades poblacionales sean más acuciantes, así como responder a las necesidades específicas que presenten cada uno de los territorios. Tal y como ha explicado Boya, “desde la Secretaría General queremos seguir trabajando de forma colaborativa con las administraciones de todos los niveles, todos debemos involucrarnos en la lucha contra el reto demográfico”.
Esta reunión se incardina en el marco de los compromisos alcanzados en la Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico, y en su correspondiente Comisión, y supone el primer paso para la puesta en marcha de los grupos de trabajo conformados por los equipos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y las comunidades autónomas acordados en estos órganos. ECOticias.com
