Desde la Junta de Andalucía se ha procedido a la paralización de la construcción de tres urbanizaciones de carácter ilegal que se estaban llevando a cabo en suelos rústicos en la jerezana localidad de San Isidro del Guadalete. Se han precintado las obras y se ordenó que en las 36 parcelas que componen el proyecto se cese la construcción.
Esta es la segunda vez en lo que va de 2025 que se realizan este tipo de operaciones, puesto que los servicios urbanísticos de la Junta de Andalucía ya habían paralizado construcciones en Lomopardo, ya que los terrenos no solo eran inundables, sino que estaba específicamente ordenada su preservación por su valor paisajístico.
Evidencia lo acertado de la medida, el hecho de que con las lluvias que cayeron en marzo, que además provocaron el desbordamiento del río, toda la zona en la que se estaba construyendo quedo completamente anegada. Esta labor preventiva es fundamental para evitar que los eventos naturales pongan en riesgo a las personas.
Construcciones ilegales en Jerez de la Frontera (Andalucía)
En esta ocasión, la inspección urbanística de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Andalucía ha puesto en marcha otro operativo, asistido por la Guardia Civil y la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma y con la colaboración de responsables de la protección del dominio público hidráulico, técnicos de Endesa y de la comunidad de regantes de Guadalcacín, para precintar las construcciones que se estaban levantando en 36 parcelas sobre un suelo clasificado por el PGOU como no urbanizable de especial protección.
Se trata de un conjunto de espacios forestales cercanos al río y en zonas con valores naturales y paisajísticos en el entorno de la Cartuja, explica la Junta. El operativo ha actuado sobre tres parcelaciones que ocupan una superficie de más de 5 hectáreas y que han sido divididas en 5, 15 y 16 lotes respectivamente.
Sobre estos terrenos se han realizado recientemente obras de urbanización ilegales consistentes en caminos, fosas sépticas y suministros de agua y se estaban instalando las primeras edificaciones, en su mayor parte prefabricadas.
Estas construcciones ilegales fueron denunciadas a la Inspección Autonómica por la Guardia Civil, ya que están expresamente prohibidas por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad en el Territorio de Andalucía (LISTA), que las tipifica como una infracción muy grave contra la ordenación del territorio.
Pueden ser además delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, por lo que la información se ha trasladado a la Fiscalía especializada en delitos sobre el medio ambiente y el urbanismo.
Esta intervención se ha llevado a cabo en el marco del Plan General de Inspección de la Junta de Andalucía 2023-2026 y al amparo del marco normativo generado por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), que permite actuar de manera preventiva y aumentar el número de actuaciones para preservar el territorio.
El balance de actuaciones de la Junta de Andalucía en materia de inspección urbanística y ordenación del territorio cerró con un récord de 2.149 actuaciones en 2024. Entre ellas destacan los casi 500 precintos y, sobre todo, el número de parcelas y edificaciones expedientadas por construir ilegalmente, que se ha multiplicado por 14 con respecto a 2018. EFE / ECOticias.com
