El Consejo de Ministros de España, luego de su reunión semanal ha anunciado que aprueba la tramitación del Anteproyecto de Ley que regula la aplicación del Reglamento europeo EUDR en nuestro país, para evitar la deforestación en terceros estados.
El Reglamento EUDR establece obligaciones relativas a la introducción y comercialización en el mercado de la Unión Europea, así como a la exportación desde él, de determinados productos. El objetivo de esta norma es reducir al mínimo la contribución de la Unión a la deforestación y la degradación forestal mundial, así como a las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad mundial.
La norma regula a los productos listados en su anexo I (denominados productos pertinentes ) que contienen o se hayan elaborado utilizando las materias primas pertinentes, ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja o madera. Impone obligaciones a los operadores y comerciantes que operan con ellos. La norma afecta tanto a operaciones a nivel aduanero como a operaciones dentro del mercado interior.
El MITECO inicia el trámite del proyecto de ley
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el inicio de la tramitación formal del Anteproyecto de Ley de aplicación del Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR), relativo a la comercialización de productos libres de deforestación. Esta norma permitirá garantizar el cumplimiento del reglamento europeo EUDR, que tiene como objetivo reducir al mínimo la contribución de la Unión Europea a la deforestación y degradación forestal global.
El texto propuesto establece el régimen sancionador, los procedimientos de control, y los mecanismos de coordinación entre administraciones implicadas —estatales y autonómicas— para asegurar una aplicación eficaz de las nuevas obligaciones comunitarias.
El Reglamento EUDR, de directa aplicación en todos los Estados miembros, prohíbe la comercialización, introducción o exportación en el mercado europeo de determinados productos vinculados a siete materias primas (ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera) si no cumplen tres requisitos: estar libres de deforestación, haber sido producidos conforme a la legislación del país de origen y estar amparados por una declaración de diligencia debida.
De acuerdo con el calendario fijado por la normativa comunitaria, las nuevas obligaciones serán exigibles a partir del 30 de diciembre de 2025 para medianas y grandes empresas, y desde el 30 de junio de 2026 para operadores que sean micro y pequeñas empresas.
Oficina de Lucha contra la Deforestación
El Anteproyecto crea la Oficina de Lucha contra la Deforestación asociada al Comercio bajo la dependencia funcional de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que tendrá la consideración de autoridad competente estatal. Esta oficina asumirá las competencias estatales en esta materia y coordinará la aplicación del Reglamento a nivel nacional en colaboración con las autoridades competentes de las comunidades autónomas y la autoridad aduanera española.
Asimismo, se establece la Comisión Estatal para la comercialización de productos libres de deforestación, como espacio de cooperación institucional entre el Estado y las comunidades autónomas, responsables de los controles en el mercado interior.
El texto regula también la planificación estatal de los controles, conforme a los requisitos del reglamento europeo, e impulsa la creación de un repositorio estatal de información para facilitar la aplicación coordinada dentro de nuestro territorio.
Se incorporan también previsiones específicas para garantizar la protección de datos, mecanismos de adaptación normativa, y disposiciones transitorias que aseguran la coherencia con el marco anterior (Reglamento EUTR y Reglamento FLEGT), así como modificaciones normativas en la Ley de Montes y la derogación del Real Decreto 1088/2015 de comercialización de la madera.
La evaluación de impacto del Reglamento estimó que, sin una intervención reguladora como la aprobada en 2023, el consumo y la producción en la Unión por sí solos harían que de aquí a 2030 la deforestación aumentase aproximadamente 248.000 hectáreas cada año, por lo que, con esta norma, el Gobierno reafirma su compromiso con la protección de los bosques, la sostenibilidad del comercio y el cumplimiento del Pacto Verde Europeo, en coherencia con la Agenda 2030 y la acción climática global. ECOticias.com
