Comienza el juicio en el que la constructora de oleoductos Energy Transfer reclama por unas protestas en 2016 un pago de 300 millones de dólares a Greenpeace EE.UU., que la organización considera una amenaza para su superviviencia y una advertencia para silenciar a otras ONG.
Detrás del caso 30-2019-0V-00180 asoma una mordaza multimillonaria que se cierne sobre el activismo ecologista. Una demanda por 300 millones de dólares amenaza con hundir a Greenpeace EE.UU. y destruir el movimiento de protesta ambiental.
La constructora de oleoductos Energy Transfer persigue a la organización en los tribunales desde hace ocho años por unas protestas contra uno de sus proyectos en Dakota del Norte hasta haber conseguido sentarla en el banquillo.
Hoy comienza el juicio. “El resultado definirá los límites del poder corporativo y la posibilidad de la sociedad para resistirlo”, vaticinan activistas, juristas y politólogos.
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Uno de los casos contra la libertad de expresión más trascendentales de la historia reciente
Hoy arranca en Dakota del Norte el juicio de Energy Transfer contra las oficinas de Greenpeace en Estados Unidos y Greenpeace Internacional, uno de los casos contra la libertad de expresión más trascendentales de la historia reciente.
Energy Transfer, la corporación multimillonaria detrás del oleoducto Dakota Access y una de las grandes donantes de la campaña de Donald Trump, reclama 300 millones de dólares en daños y perjuicios a las organizaciones acusándolas falsamente de liderar las protestas de activistas indígenas contra la construcción de un oleoducto en 2016, una cantidad tan desorbitada que amenaza la supervivencia misma de Greenpeace en EE. UU.
Se trata de uno de los mayores casos de demanda estratégica contra la participación pública (SLAPP) jamás presentados, y supone una amenaza no sólo a la justicia medioambiental, sino también al derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
En un momento crucial para la democracia, con Donald Trump llevando el negacionismo al Gobierno de EE.UU. y empeñado en revertir los pasos dados hasta ahora en la defensa del planeta, Greenpeace tiene allí y en todo el mundo un papel fundamental.
Las empresas de combustibles fósiles, que financian al nuevo presidente de EE.UU., lo saben. Una sentencia en contra de la organización ecologista en aquel país puede poner en peligro su supervivencia, tener efectos desastrosos en el resto de oficinas en todo el mundo y sentar precedente para que otras empresas sigan con esta opresión.
Energy Transfer (ET) acusa falsamente a Greenpeace EE. UU. de liderar las protestas indígenas contra el oleoducto Dakota Access entre 2016 y 2017, protagonizadas en realidad por los pueblos originarios de Standing Rock y que la organización apoyó.
La movilización logró frenar la obra temporalmente. Sin embargo, tras la llegada de Donald Trump al poder, el proyecto continuó y Energy Transfer (ET) tomó represalias.
SLAPP o Strategic Lawsuit Against Public Participation
Aunque la Justicia desestimó la demanda, Energy Transfer (ET) insistió en su hostigamiento: su ejército de abogados sostiene desde hace años una estrategia de amedrentamiento judicial contra Greenpeace a base de multiplicar acciones legales difíciles de contrarrestar para una entidad sin ánimo de lucro.
Es lo que se conoce como una SLAPP o Strategic Lawsuit Against Public Participation, una herramienta muy habitual desde el poder y las grandes corporaciones para tratar de silenciar a activistas o periodistas con voces disidentes.
El juicio está abierto al público en el juzgado de Dakota del Norte. Se han denegado múltiples intentos de los medios de comunicación y de los grupos de vigilancia para solicitar al tribunal una mayor transparencia y accesibilidad a las actuaciones judiciales.
Se denegó la solicitud de las partes de Greenpeace de retransmisión pública en directo, y recientemente también se denegó una solicitud de ampliación de la cobertura mediática por parte de varios medios y periodistas.
Juristas y académicos de máximo prestigio han mostrado su preocupación ante el caso y han constituido un grupo de observadores que estará monitoreando el juicio, entre ellos el abogado Marty Garbus, quien ha representado a numerosas personalidades en casos de derechos civiles, como Nelson Mandela y Daniel Ellsberg.
En respuesta al asedio de Energy Transfer (ET), Greenpeace Internacional presentó el pasado 11 de febrero una demanda ante un tribunal holandés contra la empresa estadounidense utilizando por primera vez la Directiva anti-Slapp de la Unión Europea.
Con esta demanda, la organización ecologista busca la reparación por todos los daños y costos que está sufriendo como resultado de las demandas continuadas y sin fundamento de la compañía fósil.
Más información:La SLAPP o cómo silenciar a la población
