Las prioridades energéticas de la UE han vuelto al centro del debate europeo, después de que varios líderes comunitarios reclamaran definir con mayor claridad el rumbo energético del bloque en un momento marcado por la inestabilidad geopolítica y la presión sobre los mercados energéticos. La iniciativa ha sido impulsada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto a los primeros ministros de Dinamarca, Finlandia, Portugal y Suecia.
En una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los dirigentes subrayan la necesidad de mantener los instrumentos clave de la política climática europea y garantizar que la Unión siga avanzando en sus objetivos de reducción de emisiones mientras refuerza su seguridad energética.
Prioridades energéticas de la UE en la agenda europea tras la petición de varios líderes
España y otros siete países europeos reclaman definir el rumbo energético del bloque y preservar el sistema de comercio de emisiones.
Los líderes europeos han instado a la UE a mantener los objetivos de reducción de emisiones y a mantener las herramientas clave de política climática antes de la reunión del Consejo Europeo sobre energía del 19 y 20 de marzo.
Han destacado el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (SCE) como piedra angular de la estrategia climática e industrial de la UE, destacando su trayectoria de dos décadas en la reducción de emisiones y la orientación de la inversión en tecnologías limpias.
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Las prioridades energéticas de la UE han vuelto al centro del debate europeo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los primeros ministros de Dinamarca, Finlandia, Portugal y Suecia, haya solicitado definir el rumbo energético del bloque comunitario.
En una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los líderes han reclamado garantizar el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones y preservar los instrumentos que sustentan la política climática europea.
La iniciativa llega pocos días antes del Consejo Europeo previsto para los próximos 19 y 20 de marzo, donde la energía será uno de los temas principales en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y la volatilidad de los mercados energéticos.
Defensa del sistema europeo de comercio de emisiones
Los países firmantes ponen el foco en el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS), al que consideran la piedra angular de la estrategia climática e industrial de la Unión Europea.
Según defienden, este mecanismo ha demostrado durante más de dos décadas su eficacia para reducir emisiones y orientar las inversiones hacia tecnologías limpias. También recuerdan que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión representan una fuente importante de financiación para apoyar la transición energética y modernizar los procesos productivos.
Eliminación progresiva de los derechos gratuitos de emisión
Los cinco países proponen avanzar de forma gradual en la eliminación de las asignaciones gratuitas de derechos de emisión. A su juicio, esta medida reforzaría los incentivos para reducir las emisiones industriales y aceleraría la modernización de las empresas europeas.
Sin embargo, consideran que este proceso debe ir acompañado de mecanismos que eviten la fuga de carbono y garanticen condiciones de competencia equitativas frente a empresas de países terceros.
Apoyo de otros países europeos
A la iniciativa inicial se han sumado Países Bajos, Eslovenia y Luxemburgo, que han firmado otro texto conjunto con los cinco países. En él advierten de que un cambio radical en el sistema actual supondría un paso atrás preocupante para la política climática europea.
Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que está dispuesta a modernizar el sistema, en un contexto en el que la Unión Europea vuelve a preocuparse por su dependencia energética exterior.
El SCE también genera ingresos procedentes de las subastas de emisiones, que financian la transición energética y la modernización industrial en todos los Estados miembros pertenecientes a la Unión Europea.
Los países proponen la eliminación gradual de los derechos de emisión gratuitos para reforzar los incentivos a la reducción, a la vez que solicitan medidas para prevenir la fuga de carbono y garantizar una competencia leal con empresas de fuera de la UE. Seguir leyendo en CO2
