UE arremete contra España. A continuación, se presentan las principales decisiones adoptadas por la Comisión en su paquete de infracciones. La Comisión va a archivar asimismo 221 asuntos que los Estados miembros afectados han resuelto, sin que ella haya tenido que seguir adelante con el procedimiento.
Medio ambiente
Aire limpio: la Comisión insta a España y a otros trece Estados miembros a reducir las emisiones de varios contaminantes atmosféricos. La Comisión pide a catorce Estados miembros que respeten su compromiso relativo a la reducción de varios contaminantes medioambientales. Tal como requiere la Directiva 2016/2284 relativa a la reducción de emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos (la «Directiva sobre techos nacionales de emisión» o «Directiva TNE»).
- Bulgaria [INFR(2022)2068],
- Dinamarca [INFR(2022)2070],
- Irlanda [INFR(2022)2073],
- España [INFR(2022)2071],
- Chipre [INFR(2022)2069],
- Hungría [INFR(2022)2076],
- Lituania [INFR(2022)2074],
- Luxemburgo [INFR(2022)2075]
- Hungría [INFR(2022)2072]
- Austria [INFR(2022)2067]
- Polonia [INFR(2022)2077]
- Portugal [INFR(2022)2078]
- Rumanía [INFR(2022)2079]
- Suecia [ INFR(2022)2080)
Directiva TNE
La Directiva TNE establece compromisos nacionales de reducción de emisiones de varios contaminantes que cada Estado miembro debe alcanzar cada año entre 2020 y 2029. Y reducciones más ambiciosas a partir de 2030. Los Estados miembros tienen la obligación de establecer programas nacionales de control de la contaminación atmosférica. En los que indiquen cómo se cumplirán estos compromisos de reducción.
El Pacto Verde Europeo, mediante su objetivo cero en materia de contaminación, hace hincapié en la reducción de la contaminación atmosférica, que es uno de los factores clave que afectan negativamente a la salud humana. La Comisión analizó los inventarios nacionales de emisiones de varios contaminantes presentados por los Estados miembros en 2022 (que reflejaban las emisiones de 2020).
Los catorce Estados miembros mencionados anteriormente no han cumplido sus compromisos en relación con uno o varios de los contaminantes contemplados en la Directiva TNE. Además, dado que las medidas establecidas en el programa nacional de control de la contaminación atmosférica de la mayoría de estos Estados miembros no garantizan el cumplimiento del compromiso de reducción de emisiones de uno o varios contaminantes, estas medidas no son suficientes para limitar las emisiones antropogénicas, tal como exige la Directiva.
El amoníaco (procedente del sector agrícola) es el contaminante en relación con el cual la mayoría de estos Estados miembros no cumplen sus obligaciones. Por tanto, la Comisión va a enviar cartas de emplazamiento a estos catorce Estados miembros, que disponen ahora de dos meses para responder a ellas y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir emitir un dictamen motivado.
Energía y clima
La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a España [INFR(2021)0220] por no haber transpuesto plenamente las normas de la Unión sobre el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables que establece la Directiva (UE) 2018/2001. Esta Directiva establece el marco jurídico para el desarrollo de las energías renovables en la electricidad, la calefacción, la refrigeración y el transporte en la Unión.
Establece un objetivo vinculante para la Unión de, al menos, el 32 % de energía renovable para 2030, e incluye medidas para garantizar que el apoyo a las energías renovables sea rentable y para simplificar los procedimientos administrativos relativos a los proyectos de energías renovables.
También facilita la participación de los ciudadanos en la transición energética y fija objetivos específicos para aumentar la cuota de energías renovables en los sectores de la calefacción y la refrigeración y del transporte de aquí a 2030. El plazo para transponer la Directiva al Derecho nacional expiró el 30 de junio de 2021. 
En julio de 2021, la Comisión envió una carta de emplazamiento a España, que, hasta ahora, solo ha transpuesto parcialmente la Directiva. España dispone ahora de dos meses para cumplir la obligación de transposición y notificarlo a la Comisión, que, de lo contrario, podría optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. UE arremete contra España.
