Un grupo compuesto por 91 países, entre ellos España, ha acordado un nuevo tratado que pretende cerrar los puertos pesqueros a las embarcaciones involucradas en la pesca ilegal. El convenio, apoyado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), tiene como objetivo «impedir que el pescado capturado de forma ilícita entre en el mercado internacional». Los impulsores confían en que la medida sea un incentivo para que los pescadores abandonen esta práctica ilegal.
La FAO ha destacado que se trata del primer tratado a nivel mundial centrado de forma específica en el problema de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El próximo trámite que deberá pasar será su revisión por el Comité de Asuntos Constitucionales y Legales de la FAO, en su próxima reunión del 23 al 25 de septiembre. El Consejo y la Conferencia de la FAO realizarán en noviembre su revisión final y adopción formal.
Para poder entrar en vigor, el acuerdo debe ser ratificado, al menos, por 25 de los 91 estados que lo han firmado. Una vez cumplimentado este requisito, entrará en funcionamiento en un plazo de 30 días y será revisado de forma regular.
Entre las disposiciones recogidas en el convenio, destaca la obligación de los barcos de pesca extranjeros de tramitar con antelación su atraque en una serie de puertos especialmente designados. Además, deberán informar sobre sus actividades y el pescado que llevan a bordo para que las autoridades tengan la oportunidad de detectar las prácticas ilícitas de forma anticipada.
El tratado también establece las normas que aplicarán los países en las inspecciones a los barcos. El examen de la documentación del navío, de sus aparejos de pesca, de las capturas y del libro de bitácora, puede a menudo desvelar si ha realizado actividades de pesca ilícita».
Cuando a una embarcación se le niegue el acceso, los estados rectores de los puertos deben difundir esa información públicament, y las autoridades nacionales del país de pabellón del navío deben tomar las medidas sancionadoras correspondientes.
Estas disposiciones se aplicarán a los barcos de pesca extranjeros que están bajo una bandera diferente a la de los estados rectores de los puertos. Sin embargo, los países pueden aplicarlas a sus propias flotas pesqueras sí así lo deciden.
Por otra parte, el tratado solicita la creación de redes para compartir la información que permitan a los países tener los datos sobre los barcos asociados a la pesca INDNR. También prevé ayudas para que los países en desarrollo con escasos recursos puedan cumplir las obligaciones del acuerdo.
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