Solicitan al Defensor del Pueblo que actúe ante la mortalidad de la avifauna por tendidos eléctricos

La ONG ha escrito una carta al Defensor en la que recuerda que diez años después de las obligaciones de las comunidades autónomas para implantar medidas de protección para frenar la mortalidad de las aves.

SEO/BirdLife ha reclamado al Defensor del Pueblo que impulse la actuación de las administraciones públicas actúe ante la mortalidad sobre la fauna que provocan los tendidos eléctricos, por electrocución y por colisión.

La ONG ha escrito una carta al Defensor en la que recuerda que diez años después de las obligaciones de las comunidades autónomas para implantar medidas de protección para frenar la mortalidad de las aves, ocho de las 17 comunidades autónomas no las han cumplido. El Libro Rojo de las Aves de España señala que morir electrocutada es una de las principales amenazas para 24 especies de aves, algunas de ellas declaradas en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica, el águila-azor, la perdicera o el milano real.

Por ello, SEO/BirdLife apela a la Institución para que intermedie en la limitación del impacto de tendidos eléctricos e impulse que las administraciones públicas y los propietarios de tendidos cumplan el Real Decreto 1432/2008, que obliga a declarar zonas de protección y a publicar un listado de tendidos muy peligrosos en esas zonas para que se puedan poner en marcha medidas de corrección por parte de los titulares de los tendidos.

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En la actualidad, a la ONG le consta la publicación de los listados en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, pero las diecisiete restantes aún tienen pendiente la publicación de este listado. Además, destaca que el Principado de Asturias es la única comunidad autónoma que sigue sin definir las zonas de protección a las que obliga la norma.

El responsable del programa Legal de SEO/BirdLife, David de la Bodega, ha recordado que las administraciones públicas tienen varias medidas en el marco jurídico que les permiten reclamar a los titulares de líneas eléctricas su colaboración para corregir aquellos tendidos eléctricos que estén causando una mortalidad continuada de avifauna en España. «Se detecta una tímida actividad administrativa frente a la responsabilidad de los propietarios de los tendidos», ha comentado.

De acuerdo con datos del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) los tendidos eléctricos provocan la muerte de, al menos, 33.000 rapaces al año, una cifra que podría ser mucho mayor, pues el Ministerio ha analizado los datos de 11 de las 17 comunidades autónomas. Asimismo, el coste económico que esto supone de acuerdo con el Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental asciende a 141 millones de euros.

La mortalidad detectada por electrocución en tendidos eléctricos se estima solo en el 15 por ciento de la mortalidad real, ya que muchas muertes nunca serán detectadas, bien por ausencia de muestreos o bien por la desaparición de los cadáveres debida a distintos motivos (fundamentalmente por la acción de carnívoros).

En este contexto, el responsable del Programa de Especies Amenazadas de SEO/BirdLife, Nicolás López, ha destacado que en los últimos 15 años se calcula que han muerto electrocutadas al menos 200 águilas perdiceras y más de 120 águilas imperiales. Así, considera que la situación es «insostenible» porque pone «en jaque todos los esfuerzos por recuperar y estabilizar la población de algunas especies amenazadas como las citadas».

En la misiva explican al Defensor del Pueblo que la ONG estima que cada mes se producen 8,2 colisiones por kilómetro en tendidos eléctricos en el centro de España, lo que es lo mismo que ocho aves muertas por kilómetro de tendido al mes. «Es decir, que en un tendido de longitud media de unos 59 kilómetros podrían morir potencialmente más de 5.800 aves al año, si la línea no cuenta con medidas adecuadas frente a la colisión», ha apuntado De la Bodega.

La ONG expone que en Castilla-La Mancha o en Valencia se han abierto expedientes administrativos por infracción de la normativa autonómica y se han impuesto multas de más de 100.000 euros (más la indemnización por el valor de las aves muertas), en el caso de la primera, o de responsabilidad ambiental, en el caso de la segunda, obligando a la corrección de tendidos peligrosos.

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