El pasado 3 de diciembre, las Autoridades Comunitarias remitieron a España un extenso Dictamen motivado (119 páginas) por un incumplimiento de la Directiva Aves en relación a la ausencia de medidas de conservación y a la autorización de la caza de la tórtola europea, una especie muy habitual de espacios agroforestales hasta fechas relativamente recientes, pero que ha sufrido un dramático declive.
En julio de 2019, la Comisión Europea ya envió una carta de emplazamiento a España donde consideraba que no se habían adoptado medidas necesarias para preservar la tórtola común: no remitir información detallada sobre su estado poblacional, no haber designado áreas protegidas para la especies y no haberse asegurado que su caza fuese sostenible. A esta carta de emplazamiento, las autoridades españolas remitieron una respuesta, incluyendo la información aportada por la Región de Murcia, que ha sido insatisfactoria. (pág 2 del Dictamen).
En el caso de la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma apuntaba, sin una base científica y sin datos técnicos, como causas del declive a la pérdida de hábitats y la caza en zonas de invernada (África) (uno de los argumentos de las Federaciones que ha sido reiteradamente rechazado en informes científicos y técnicos aportados a los Consejos Asesores); la pérdida de hábitats en la región; las fumigaciones (especialmente en zonas de cítricos); la depredación por urraca, especialmente; la caza; la competencia por el incremento de tórtola turca (Streptopelia decaocto); enfermedades; envenenamiento (por productos fitosanitarios) y efecto del clima, incluido el cambio climático.
Además apuntó a diferentes medidas de la PAC y del PDR que podrían favorecer a la especie. A pesar de las respuesta remitida, la Comisión consideró que la Región de Murcia "no ha detallado las medidas aplicadas para la protección y gestión del hábitat de la tórtola común, la financiación asignada para su aplicación, el nivel de esa aplicación sobre el terreno ni su eficacia para invertir la situación". (pág 17 del Dictamen).
Además el dictamen apunta que la Región de Murcia no ha abordado la protección de las tórtolas europeas mediante la designación de ZEPA (áreas protegidas) y que no aporta información sobre sus poblaciones en las ZEPA, además ninguna ha sido declarada por esta especie. Además, la Comisión ha mostrado mediante un estudio que el declive de esta especie es igual o mayor dentro de las ZEPA al detectado de forma general, por tanto considera que no están siendo eficaces en la protección de la especie. (pág 28 del Dictamen).
La caza de la especie no puede considerarse, según la Comisión Europea, como sostenible, apuntando a la temprana fecha de apertura de la caza que coincide con la reproducción, tal y como se ha venido advirtiendo en los últimos años ANSE. Si bien la Comisión reconoce una reducción de la presión cinegética, básicamente por las presiones de los grupos conservacionistas, considera que hay una infracción de la Directiva Aves, ya que la caza se ha autorizado "sin una supervisión y recopilación de datos sobre los niveles de caza" , "a niveles insostenibles", "a pesar del declive de la población" y con " un comienzo muy temprano de la temporada de caza" (pág 48 del Dictamen). ¡Cabe destacar que los datos aportados por la Comunidad Autónoma son referentes al año 2015!.
Como consecuencia de todo lo anterior, la Comisión otorga un plazo de dos meses para que se adopten las medidas oportunas de conservación de la tórtola europea en España. En caso de que estas no sean adecuadas existe el riesgo de que la Comisión Europea interponga un Recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuya Sentencia puede derivar en fuertes sanciones al Estado Español en caso de quedar demostrado el incumplimiento de la Directiva Aves.
El mantenimiento de la caza de la tórtola en la Región de Murcia, junto con la ausencia de medidas creíbles de gestión, fue el detonante para el abandono de los grupos conservacionistas del Consejo Asesor de Caza y Pesca fluvial en diciembre de 2019.
ANSE venía reclamando el fin de la caza de esta especie en la región de Murcia desde hace más de una década en el Consejo Asesor, y en 2011 intentó sin éxito que el TSJ suspendiera la Orden de Vedas entre otros motivos por el impacto sobre las poblaciones de tórtola. Sin embargo, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha mantenido la caza de la especie hasta fecha, a pesar de los avisos de las organizaciones ambientales y de las advertencias tanto de la carta de emplazamiento de las autoridades comunitarias como de la circular de la Fiscalía.
ANSE y Ecologistas en Acción presentaron en 2020 una denuncia contra los Consejeros Antonio Luengo y Javier Celdrán (y otros altos cargos de la Comunidad Autónoma) por no haber sometido a Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000 las Órdenes de vedas de los periodos 2019/2020 y 2020/2021, tal y como establecía el Decreto 55/2015 y como advertían los informes jurídicos.
El dictamen motivado de la Comisión Europea será remitido a los Juzgados que están investigando los hechos, ya que aporta fundamentos jurídicos y técnicos sólidos que demuestran que las órdenes de vedas han tenido efectos negativos sobre los objetivos de conservación de estos espacios (una especie de ave migradora de llegada regular a la Red Natura 2000). Una adecuada Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000 debería haber indicado el efecto negativo sobre sus poblaciones de la caza y lo inadecuado de las fechas de caza y haber integrado los contenidos de la Carta de Emplazamiento de la Comisión Europea y los requerimientos de la circular de la Fiscalía.
Además, el dictamen motivado confirma uno de los supuestos de prevaricación incluidos en la denuncia, a saber, que las Órdenes se aprobaron a pesar de que el informe técnico de la Dirección General de Medio Natural determinó que la información disponible resultaba "insuficiente para poder tener la certeza de que la actividad cinegética, tal y como se regula en la Orden [de vedas], no va a tener una repercusión relevante o significativa sobre la fauna".
ANSE lamenta que la cesión del Gobierno Regional a los intereses particulares del sector cinegético ponga en riesgo la biodiversidad deteriorando el medio ambiente e incumpla la normativa europea, lo que puede suponer graves sanciones que serán asumidas por el conjunto de los ciudadanos. En este sentido, el Gobierno Regional está en el borde del precipicio judicial; si la Consejería no rectifica, se encontrará con dos frentes abiertos, uno penal en Murcia y otro europeo en Luxemburgo, sede del Tribunal Europeo
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Jose - martes 09 feb 2021
Retamar-El Toyo-Almeria: todos los días, realizo una caminata de entre 8 y 10 kms y todos los días, me encuentre muchísimas hojas perennes, de árboles, por el suelo: el motivo de las hojas por el suelo, es muy sencillo: cuadrillas de personas-en la noche-apalean a los árboles buscando TÓRTOLAS, y como consecuencia de ello, MALTRATAN a los árboles. Esto lleva sucediendo año tras año pero....aqui no pasa nada.