Para la asociación, este estudio pone de manifiesto cómo las liberaciones de estas especies «incumplen la normativa internacional, europea y nacional vigente» y señala, como principales perjuicios ambientales, la competencia sobre el territorio y los recursos alimentarios para las especies autóctonas y la hibridación en el caso de las variedades alóctonas de trucha común.
Además, apunta que la detracción de aguas y contaminación por los vertidos de residuos fecales y de medicamentos de las piscifactorías así como que estas «falsas repoblaciones» incumplen, según la asociación, el Convenio de la Diversidad Biológica de 1992, el Convenio de Berna de 1979 relativo a la Conservación de la Vida Silvestre en Europa, la Directiva de Hábitats y la Directiva Marco del Agua de la UE, la Ley de Impacto Ambiental y la Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad, además de que constituyen una infracción del artículo 333 del Código Penal.
No obstante, asegura que «una de las razones» de estas sueltas es la firma de convenios de «colaboración» con sociedades y federaciones de pesca, cuya colaboración «se limita» a liberar estos peces y también se emplean, a juicio de AEMS-Ríos con Vida, «para ayudar a mantenerse a piscifactorías de dudosa rentabilidad».
AEMS-Ríos con Vida exige el «cese inmediato» de estas «mal llamadas repoblaciones», la denuncia de los convenios firmados con entidades privadas de pesca, la gestión sostenible de la pesca recreativa de acuerdo con la capacidad real de los ríos y que el presupuesto gastado se destine a la restauración del hábitat fluvial.
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