Capiro y Calentura son dos montes de las estribaciones de la sierra Nombre de Dios, muy cerca de Trujillo, capital del departamento de Colón, sobre el mar Caribe. El parque tiene 7.542 hectáreas de bosque húmedo tropical y subtropical y en él nacen 20 micro-cuencas que abastecen de agua a 32 comunidades de los alrededores, incluso a Trujillo.
Establecido por las autoridades a impulso de un grupo de maestros de esa ciudad, forma un conjunto natural con el vecino Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto, de 10.387 hectáreas casi pegadas al océano.
En los últimos tres años, una nueva amenaza se materializa aquí, como en toda la costa norte hondureña: el tráfico de drogas.
El canal natural que une el mar con la laguna es hoy una ruta de tránsito de drogas, por la que no se aventura nadie que no esté en ese negocio. En la zona de amortiguación del refugio hay varias pistas clandestinas de aterrizaje.
Según la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, América Central es uno de los corredores más importantes del narcotráfico. En 2007, de las 700 toneladas de cocaína requisadas en todo el mundo, 91 fueron interceptadas aquí.
Narcotraficantes nacionales y extranjeros compran tierras en los alrededores de la zona núcleo del refugio con el fin de controlar mejor sus transacciones delictivas y hacerse de valiosos recursos naturales.
«Es triste ver como vamos perdiendo lo más preciado que tenemos en la región: nuestros parques y nuestras fuentes de agua. Hoy logramos sobrevivir, tenemos la comidita, pero no sé mañana», se lamentó un campesino de la zona que pidió no dar su nombre.
De hecho, casi todas las fuentes que hablaron para este artículo lo hicieron pidiendo reserva de su identidad.
Aquí conviven los garífunas, un pueblo nacido de la mezcla de esclavos africanos e indígenas caribes, la ancestral etnia pech y campesinos que llegaron de otras regiones del país. Son más de 60.000 personas, según el plan de manejo ambiental del parque de 2007.
La Fundación Calentura y Guaimoreto (Fucagua), creada en 1991 para preservar estos sitios y a cargo de su administración, desarrolló con las comunidades un proyecto de agroforestería para diversificar cultivos.
La propuesta incluye huertas para producir semillas sanas de palmas de coco, diezmadas por varios huracanes y por el amarillamiento letal –una enfermedad causada por un fitoplasma–, cultivos de frutales, de tubérculos como el ñame, y el camote, y de leguminosas como el balú, propios de la gastronomía local.
Gracias a esta iniciativa, que reforzó la seguridad alimentaria, los garifunas recogerán en 2011 su primera producción sana de cocos.
Pero en varios sectores del parque ya no se encuentran el mono aullador ni el cara blanca, el jaguar ni el venado. Lo mismo ocurre con árboles valiosos como la caoba, la ceiba y el indio desnudo, entre otros.
La acción de Fucagua, que ha logrado preservar parte del parque y del refugio, se ampara en el Acuerdo Presidencial 1118 de 1992, que estableció estas áreas protegidas e instó a las autoridades forestales de entonces a iniciar los trámites para su declaratoria legal.
En noviembre de ese mismo año, un decreto ejecutivo prohibió la explotación y exploración en el lugar e instruyó a las entidades del Estado a trazar sus límites y preservarlas. Pero esto no se cumplió.
Casi 20 años después, persiste una situación legal ambigua. Aunque en varias ocasiones se trazaron delimitaciones, la última en 2006, éstas no concluyeron en un decreto que les diera fuerza legal y, por lo tanto, cada día la superficie protegida pierde terreno.
En la zona de amortiguamiento del parque, se venden tierras sin títulos de propiedad o con títulos expedidos irregularmente por el Instituto Nacional Agrario. Así avanzan actividades ganaderas y plantaciones de agrocombustibles como la palma aceitera.
En Honduras, pese a que existe la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), las áreas protegidas son administradas por organizaciones no gubernamentales a través convenios con el Estado.
Pero éstas no tienen apoyo financiero estatal y muchas veces ni siquiera soporte técnico y legal.
Mientras, la expansión turística es imparable.
La empresa canadiense Life Vision Properties construye los complejos turísticos Alta Vista y Campo del Mar Nature Park, con barrios privados en la montaña o frente a la playa, en la zona de amortiguamiento del Capiro Calentura y Guaimoreto.
«Antes los extranjeros no podían comprar tierras situadas a menos de dos kilómetros de las playas», dijo una fuente de Fucagua. Pero eso cambió con una reforma de fines de los años 90.
Según Randy Jorgensen, director ejecutivo de Life Vision, el proyecto incentiva el desarrollo económico de la zona. Unas semanas atrás, una topadora de la empresa ingresó a un antiguo sendero ecológico y lo convirtió en una carretera.
El 22 y el 25 enero de este año, el Estado concedió a los dos proyectos las licencias ambientales 017 y 020. En esas fechas el país todavía se encontraba bajo el régimen impuesto por el golpe de Estado de junio de 2009. El gobierno elegido en diciembre fue investido el 27 de enero.
Ahora, Fucagua espera conseguir que la delimitación de la zona sea presentada por el ICF al Congreso legislativo para su consagración legal.
Para ello se empleará parte de la financiación del Proyecto de Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Cuencas del Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico Hondureño, suministrada por la Unión Europea.
* Este artículo es parte de una serie de reportajes sobre biodiversidad producida por IPS, CGIAR/Bioversity International, IFEJ y PNUMA/CDB, miembros de la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org). Publicado originalmente el 19 de junio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
http://ipsnoticias.net/ – Sonia Edith Parra