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lunes, enero 30, 2023

Siete colectivos ecologistas recurren el decreto de Parques Naturales de la Junta de Andalucía

A pesar de la insistencia de los máximos responsables de la Consejería de Medio Ambiente (CMA) de que el objetivo del decreto es la agilización de los procedimientos administrativos, la realidad es que lo que se pretende es permitir los proyectos urbanísticos en los Parques Naturales. Para ello, se han establecido dos vías: la declaración de utilidad pública de todo tipo de proyectos (hoteles, campos de golf, equipamientos turísticos…) en terrenos hoy protegidos; y los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), que tendrían prevalencia sobre las normas de protección de estos espacios protegidos: Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) (2).  

Durante toda la tramitación de este decreto, las asociaciones ecologistas han mostrado su oposición, que ha sido apoyada por la contundente resolución del Defensor del Pueblo que advertía sobre la nulidad del decreto. El Defensor del Pueblo señalaba que el decreto no es válido por incluir la prevalencia de los PGOU sobre los PORN y PRUG, en contra de lo prescrito en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB), ley básica del Estado que prescribe que los planes urbanísticos no pueden contradecir los PORN y PRUG, y deben supeditarse en todo caso a sus determinaciones.

En la versión definitiva del decreto se mantiene, todavía de manera más clara que en la primera versión, la disposición que faculta al Consejero a burlar la prevalencia de los PORN sobre los PGOU, adaptando los primeros a los segundos.

La Disposición Final 14ª faculta al Consejero “Para adecuar las previsiones urbanísticas relativas a parámetros de edificación y características constructivas, contenidas en las normas generales de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y Gestión de los distintos Parques Naturales, a las modificaciones de la planificación urbanística”, e incluso a modificar los límites de los Parques Naturales por razones como los “avances tecnológicos o científicos que tengan incidencia directa sobre los criterios que dieron lugar al establecimiento del límite, así como por el resultado de los procesos de deslinde del dominio público o límites administrativos territoriales, cuando éstos hayan sido utilizados para definir los límites del espacio”.

Facultar a un consejero a modificar unas normas aprobadas por decreto es lo que se denomina una Reserva de Dispensación, y supondría instaurar un sistema totalmente arbitrario, con normas distintas en cada municipio de un mismo Parque Natural según los  partidos que los gobiernan.  

Estos son exactamente los argumentos que el Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía ha utilizado de forma infructuosa para intentar legalizar el hotel El Algarrobico, pues está declarado urbanizable en el PGOU de Carboneras pero en suelo protegido en el PORN. Con este decreto el consejero podría modificar el PORN para “adaptarlo” al PGOU y recalificar estos terrenos protegidos.

Hay que recordar que ahora se cumple el 5º aniversario de la paralización de este hotel, contra el que los colectivos ecologistas han ganado ya 12 sentencias (todas las que se han producido hasta la fecha) en más de 16 pleitos de los que al menos ocho siguen en curso por el entorpecimiento de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras.

Las asociaciones ecologistas piden al TSJA que suspenda cautelarmente este decreto de forma inmediata para impedir cualquier acción irreversible, como la legalización de El Algarrobico y de otras urbanizaciones ilegales (y ahora legalizables) que hay en varios Parques Naturales.

Greenpeace, Ecologistas en Acción, Salvemos Mojacar, grupo ecologista Condor, Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Salvemos Macenas, grupo ecologista Rakis.

Greenpeace

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