La asociación ha explicado que frecuentemente el veneno aparece en cotos de caza menor, presuntamente para el control de predadores, principalmente, zorros y perros asilvestrados, aunque indirectamente se envenenan otros mamíferos y aves rapaces protegidas. Algunas de estas especies, como el águila imperial, se encuentran en peligro de extinción.
Por ese motivo, piden que se pongan en contacto con ellos cuando un ciudadano acuda a su clínica veterinaria con un animal con síntomas de envenenamiento. A partir de entonces los guardabosques rastrearán la zona tanto para localizar y retirar los cebos envenenados como para detectar posibles cadáveres de animales de fauna silvestre.
En el caso de que el animal muera en la clínica, dado que es una prueba de un presunto delito, los forestales recogerán el cadáver y lo llevarán a analizar. Posteriormente, pondrán los hechos en conocimiento del Fiscal de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y montarán un dispositivo para identificar a los autores de los hechos y denunciarlos ante la Justicia, puesto que envenenar la fauna está considerado como un delito por el Código Penal.
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