Este protocolo fue adoptado durante la XI Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la Organización de Naciones Unidas en octubre de 2010.
El protocolo se adoptó después de ocho años de negociaciones centrados en el objetivo principal de asegurar la «participación justa y equitativa en el reparto de beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos».
De este modo, se refuerza el tercer objetivo del convenio que, junto con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad suponen el marco general de la política global en materia de biodiversidad.
En este contexto, España que, por su riqueza en diversidad biológica, tiene el doble perfil de país proveedor y usuario de recursos genéticos, considera el acuerdo en el Consejo de Ministros un «nuevo avance en la lucha contra la pérdida de biodiversidad, que debe protegerse y valorarse por cuestiones éticas y por su contribución al bienestar humano».
Además, el Protocolo de Nagoya intentará fortalecer el cumplimiento de las normas nacionales de acceso de los países proveedores de recursos genéticos mediante la exigencia de medidas de cumplimiento y seguimiento en los terceros países donde se utilicen dichos recursos genéticos.
Esto permitirá lograr una mayor transparencia en los sectores que utilizan recursos genéticos y una transferencia de beneficios a los países proveedores con la consecuente mejora de la conservación la biodiversidad «más fluida y constante».
Finalmente, el Gobierno valora que se trata de un instrumento de gran valor para conseguir ingresos e incentivos para la conservación de la biodiversidad en la Tierra además de contribuir a la justicia y equidad social.
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