Además, Guijarro ha señalado que por parte de la Junta «siempre se ha trasladado a las autoridades judiciales la información requerida desde el punto de vista de los daños que produjo el incendio y de los costes de extinción», por lo que con los 27 millones «se supone que se tienen que asumir todas las responsabilidades económicas derivadas del proceso judicial».
Esta cantidad se ha establecido después de estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 7 de enero de 2011 dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Sigüenza (Guadalajara), que fijaba dicha fianza en 29 millones de euros.
En un auto con fecha de 1 de junio de 2011, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados Isabel Serrano, Manuel Eduardo Regalado y María del Carmen Martínez justifican la rebaja de 1.566.927 euros de la fianza impuesta en principio –que se corresponde con la cantidad reclamada por los familiares de los fallecidos en el incendio– «por considerar que está siendo reclamada en otros procedimientos».
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