La propuesta tiene como objetivo dar una solución definitiva para garantizar la participación de Andalucía en la gestión de la cuenca conforme a su peso real, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida el pasado mes de marzo sobre esta materia. En este sentido, plantea la habilitación de instrumentos de coordinación entre las administraciones central y autonómica para evitar la fragmentación o compartimentación de la gestión, mientras se atribuye al Estado velar por el respeto de las competencias de las comunidades autónomas que, aunque de forma minoritaria, tienen terrenos incluidos en la cuenca hidrográfica.
En este sentido, Moreno ha valorado la «diligencia» y el «rigor técnico» del que están haciendo gala los gobiernos estatal y autonómico para dar una respuesta a esta situación, y ha opinado que el modelo que se abordará en la Comisión Bilateral Junta-Estado es un «fiel reflejo» de que Andalucía acata y da «pleno cumplimiento» a la sentencia del TC.
Entre las competencias que se propone delegar a la comunidad, destacan las relativas a concesiones de recursos hídricos; administración y gestión del registro de aguas y del censo de vertidos autorizados; policía de aguas y cauces; autorizaciones de vertidos y de uso del dominio público hidráulico; procedimientos sancionadores; sistemas automáticos de información hidrológica; deslindes de cauces, y cesiones de derecho al uso privativo de las aguas (en coordinación con la Administración central).
«Andalucía no renuncia a la naturaleza andaluza del río», ha valorado Mar Moreno, para quien la comunidad cumple así «jurídicamente» con la sentencia del TC, mientras que «políticamente no renuncia a lo máximo», en referencia a la delegación de competencias recogida en el artículo 150.2 de la Constitución.
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La proposición no incluye la delegación de las competencias que inciden sobre el régimen jurídico de las aguas, cuyo ejercicio se reserva íntegramente al Estado junto con las correspondientes fórmulas de control adicional constitucionalmente permitidas. De igual modo, se excluyen atribuciones relativas a normativas básicas de protección del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general y la planificación hidrológica de la demarcación.
Finalmente, la consejera de la Presidencia ha expresado el «apoyo profundo» del Gobierno andaluz a los dos millones de andaluces que votaron a favor del Estatuto de Autonomía y, por tanto, respaldaron el «carácter andaluz» del Guadalquivir, puesto que, además de tratarse de una seña de identidad para la comunidad, «se está hablando de agua» y ésta es un elemento «fundamental para la actividad económica» de la región. Asimismo, ha apelado al consenso de todos los grupos políticos en el Parlamento y ha abogado por que la «última palabra política en materia del Guadalquivir la tenga el Congreso de los Diputados, que fue el que aprobó el texto original del Estatuto de Autonomía».
La Junta de Andalucía gestiona provisionalmente, desde el pasado mes de abril y por un periodo de seis meses, los recursos y aprovechamientos hidráulicos del Guadalquivir que se sitúan dentro de la comunidad. Esta solución transitoria, acordada con la Administración central y concretada en una encomienda a la Consejería de Medio Ambiente, permite asegurar la continuidad y la seguridad jurídica en la gestión de la cuenca, cuyos medios y servicios fueron transferidos a Andalucía en 2008, además de evitar que la sentencia del TC suponga una paralización de los proyectos desarrollados durante los últimos años.
ECOticias.com – ep
