Ecologistas piden a la Junta de Andalucía que anule la autorización a la ‘macrourbanización’ de El Següesal en Barbate

Ecologistas en Acción ha informado de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha aprobado una resolución en la que les da «totalmente la razón» en relación una queja que presentó en su día contra una «macrourbanización» en Barbate (Cádiz) aprobada por la Junta de Andalucía «en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria».

   Según ha detallado la organización ecologista en un comunicado, se trata del El Següesal, promovida por Bogaris, que con sus 467,2 hectáreas se convertiría en «una de las mayores de Andalucía». El proyecto –que ha sido «el primero» de Andalucía declarado de interés turístico en base al Decreto del Golf, según destacan los ecologistas– incluye 1.690 viviendas y apartamentos, dos hoteles, campo de golf, instalaciones hípicas, colegio bilingüe de alto standig, etcétera.

   Explican que este proyecto fue excluido del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de La Janda por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA). Pero, paralelamente, la Junta tramitó su declaración como complejo «de interés turístico», que fue aprobado, «en flagrante fraude de ley», el 26 de julio de 2011 por acuerdo del Consejo de Gobierno.

   A juicio de Ecologistas en Acción, este proyecto «incumple de forma clamorosa» los límites del crecimiento que estipula el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que no permite crecimientos superiores al 40 por ciento de la superficie urbanizable en ocho años, cuando El Següesal supondría «triplicar la superficie urbana de este municipio».

   Agrega que estos terrenos están clasificados en el actual PGOU como no urbanizables y en la revisión del mismo, aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en octubre de 2008, se aumenta su nivel de protección, considerándolos en su totalidad como «suelos no urbanizables de especial protección», incluyendo una parcela incluida en el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.

   «Reclasificar estos terrenos sólo para satisfacer un proyecto especulativo de una empresa concreta, es un autentico escándalo que nos retrotraería a la época más negra de la especulación y la corrupción urbanística», advierten los ecologistas.

   No obstante, la Consejería de Medio Ambiente aprobó la autorización ambiental, «negándose» sus responsables a contestar a las «101 alegaciones» que presentó Ecologistas en Acción en base a su «enorme impacto ambiental y su absoluta ilegalidad». Por ello, los ecologistas solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo por entender que la Junta «está vulnerando los derechos de participación de los ciudadanos en asuntos públicos y su propia normativa en relación con la ordenación del territorio y del medio ambiente».

   Expone que la resolución aprobada por Chamizo el pasado día 15 incluye una «dura crítica a la tramitación de este expediente» por parte de la Consejería al no contestar a las «fundadas» alegaciones de Ecologistas en Acción y no darle trámite de audiencia, cosa que sí hizo con la promotora.

   Chamizo recuerda «la obligación de motivar los actos administrativos con una explicación sobre las razones de la decisión adoptada, con la finalidad de que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de la Administración con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma procedimental regulada al efecto».

   Chamizo concluye la resolución que ha dirigido a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente solicitando que se declare «la existencia del vicio de anulabilidad expuesto y, en consecuencia, actuar conforme previene la normativa reguladora del procedimiento administrativo común a los efectos de solventar la situación descrita, retrotrayendo el procedimiento administrativo a la fase de audiencia de los interesados prevista en el artículo 22 del Decreto 356/2010».

   Ecologistas en Acción ha mostrado su «satisfacción» por este pronunciamiento «claro y contundente» del Defensor del Pueblo en contra de las «tramitaciones chanchulleras». Asimismo, ha confiado en que el nuevo consejero del ramo «anule» la autorización ambiental unificada a esta urbanización.

ECOticias.com – ep

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