El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales ha pedido al Gobierno que se endurezcan los castigos económicos a los incendiarios y que se aumente la inversión en gestión forestal. A su juicio, es necesario aumentar las penas a los incendiarios en función de si es una negligencia, un descuido, o un fuego intencionado por causar daño o lucrarse con sus consecuencias.
«Debemos conseguir, que todo el peso de la ley caiga sobre estos terroristas ambientales. Estos delitos no deben quedar impunes y, además, las penas deben ser mucho más duras que las actualmente existentes», ha señalado.
Por otra parte, ha indicado que «España necesita una mayor sensibilización ambiental» y la sociedad «debe ser consciente de las enormes pérdidas que generan incendios» similares a los ocurridos en la Comunidad Valenciana. «También es necesario la colaboración ciudadana, en un primer momento advirtiendo de la existencia o iniciación de un incendio forestal, estando obligado a avisar a la autoridad competente o a los servicios de emergencia y, en su caso, a colaborar, dentro de sus posibilidades, en la extinción del incendio», ha señalado.
A su juicio, la actual situación económica del país ha provocado que todas las comunidades autónomas hayan reducido de forma radical y dramática las inversiones en gestión forestal y por ende en trabajos de prevención de incendios forestales.
«La crisis que atraviesa el mundo rural actual comporta, además, la pérdida de la capacidad de detección y extinción inmediata por parte de la población rural, pérdida de caminos rurales al invadirlos la maleza o el conocimiento del territorio. Si a esto le unimos que el país sufre unas condiciones meteorológicas muy severas la que se puede encontrar este verano puede ser dantesca, un verdadero infierno», ha advertido.
Ante esta situación, los ingenieros forestales también han reclamado a las administraciones autonómicas que «inviertan en mantener y proteger su patrimonio natural».
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