Pruebas de envenenamiento de dos quebrantahuesos en la Sierra de Castril

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han presentado en el juzgado las pruebas del envenenamiento de dos quebrantahuesos en el Parque Natural de la Sierra de Castril (Granada). Los ejemplares habían sido reintroducidos por la Consejería en el marco del Programa Internacional de Reintroducción del Quebrantahuesos en Andalucía, que actualmente se encuentra en su tercera fase, y está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. La especie está catalogada ‘en peligro crítico de extinción’ en España y en otros países de Europa, como Austria, Italia, Suiza o Francia.

Los dos quebrantahuesos murieron envenenados el 5 de mayo de 2011 en el interior del Parque Natural de la Sierra de Castril (Granada). Ambos ejemplares habían ingerido cebos envenenados de carne ovina impregnados con un potente compuesto tóxico, Aldicarb, que entraña un alto riesgo no solo para la fauna silvestre y el ecosistema, sino también para la salud humana.

La colocación de cebos envenenados en el medio natural, es un delito tipificado en el Código Penal y en la normativa administrativa, con fuertes multas e incluso con penas de privación de libertad de hasta dos años. La muerte de estos dos ejemplares supuso un freno al desarrollo del programa de reintroducción, no solo desde el punto de vista ecológico, sino también como motor de dinamización socioeconómico de estos espacios protegidos.

Este programa comenzó en 2006 con la suelta en el medio natural de individuos nacidos en cautividad procedentes, entre otros, del Centro de Cría en Cautividad de Guadalentín, en el vecino Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén). El quebrantahuesos se considera una especie indicadora de la salud de los ecosistemas y atrayente, cada día más, de una corriente de personas que buscan su observación, además de contribuir al desarrollo endógeno de las poblaciones locales, al ser considerado como un recurso económico sostenible.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el Seprona de la Guardia Civil de Granada, tras detectarse las muertes, iniciaron las investigaciones con técnicas forenses. Para ello, se utilizaron métodos para rastrear el ADN de los cebos envenenados empleados y su cotejo con muestras extraídas de la sangre del ganado ovino de varios ganaderos que pastorean en la zona. Los análisis se realizaron una vez que las condiciones meteorológicas de la montaña lo permitieron y así, entre febrero y marzo de 2012, se procedió a la toma de muestras con la autorización del juzgado competente.

Tras ocho meses de investigación policial y forense, los resultados demostraron que los cebos envenenados procedían del ganado de una única explotación local muy concreta. Los métodos y operativos empleados suponen un importante avance en la lucha contra el uso ilegal del veneno y consolidan los programas de conservación y recuperación de especies amenazadas que la Consejería impulsa en el marco de la normativa vigente.

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