Ambos proyectos llegaron por separado a la reunión del 29 de enero de 2009 de la Junta Rectora de este espacio protegido, un órgano consultivo que debía informar de forma preceptiva cualquier proyecto que afectase al Parque Regional.
La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid conocía desde 2009 las intenciones de la familia Aznar-Oriol de construir dos campos de polo en su finca La Montana, en una zona de máxima protección del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama. Se permitió la fragmentación del proyecto y desvincular los campos de polo de la rehabilitación de una vivienda y cuadras para caballos. Todo ello sucedió a pesar de las protestas y denuncias ecologistas.
En el año 2009, la empresa Ibaizabal de Cartera SL, propiedad de Alejandro Aznar, marido de Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, solicitó autorización para dos proyectos diferentes. Por un lado la construcción de dos campos de polo y por otro la rehabilitación y reforma de vivienda de guarda y cuadras en finca La Montana, situada en el municipio de Villanueva del Pardillo, en zona de máxima protección del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama.
Ambos proyectos llegaron por separado a la reunión del 29 de enero de 2009 de la Junta Rectora de este espacio protegido, un órgano consultivo que debía informar de forma preceptiva cualquier proyecto que afectase al Parque Regional. Sin embargo, la mención explícita al proyecto de dos campos de polo fue retirada. En su lugar se presentó como “rehabilitación y reforma de vivienda de guarda y cuadras para 24 caballos”, todo ello antes del día de la celebración de la reunión.
En la Junta Rectora había dos representantes de las organizaciones ecologistas que denunciaron que el proyecto se había fragmentado, que el promotor tenía previsto la construcción de campos de polo y que el proyecto enmascaraba un uso diferente al que declaraba el propietario. Además en ese momento, la finca acumulaba veinte denuncias muy graves interpuestas por el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, entre ellos, la colocación de vallado ilegal, corte de vías pecuarias y arroyos, colocación de jaulas trampa para perdices, etc.
Todo ello fue expuesto durante la sesión de la Junta Rectora y se pidió que se informase negativamente, incluso la entonces alcaldesa de Colmenarejo preguntó si la finca tenía algún expediente sancionador.
Desde la Dirección General del Medio Ambiente de la comunidad de Madrid, liderada entonces por el actual secretario de Estado Federico Ramos, se aseguró que no debían “prejuzgarse” las intenciones del promotor y que, en cualquier caso, el condicionado del informe favorable contenía los usos compatibles. El condicionado no era más que un listado de limitaciones genéricas que obviamente no interferían en las intenciones conocidas del promotor.
Así se informó favorablemente la rehabilitación de vivienda de guarda y cuadras, ocultando la intención de construcción de dos campos de polo y la rehabilitación de un complejo de construcciones, todo ello dirigido a la actividad real que era la celebración de pruebas de polo, en una finca de máxima protección de un espacio protegido, donde según la normativa no era autorizable. Entre mayo y junio de este año se ha celebrado allí el Abierto Aznar de polo 2014.
En diciembre de 2010, Esperanza Aguirre eliminó la Junta Rectora incluyendo su derogación en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Por ello, no se volvió a tener información sobre el proyecto.
Para Ecologistas en Acción se trata de un ejemplo más de connivencia entre administración ambiental y propiedad privada para permitir, eliminando controles, la ejecución de proyectos incompatibles con los objetivos de conservación de espacios protegidos.
