‘No sabe, no contesta’, la postura del Gobierno sobre el uso de terrenos incendiados en la Ley de Montes

Así lo ha anunciado durante la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye a la Cámara en los periodos no ordinarios de sesiones, como es el mes de enero.

La portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, María Teresa de Lara, ha rechazado la petición del PSOE para que la ministra responsable Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aclare de forma extraordinaria, y en la Cámara Baja, los objetivos de las disposiciones de la Ley de Montes sobre el uso de terrenos incendiados.

Así lo ha anunciado durante la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye a la Cámara en los periodos no ordinarios de sesiones, como es el mes de enero.

«Con esta propuesta pretenden provocar ruido mediático y confundir a la ciudadanía, ello porque carecen de propuestas medioambientales. Me reafirmo después de haber leído ayer las declaraciones de Pedro Sánchez, tras reunirse con los ecologistas, y sentenciando que el compromiso del PSOE es revertir toda la legislación medioambiental del Gobierno y situar los derechos ambientales en el centro del debate político», ha subrayado.

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En su opinión, se trata de «toda una declaración de principios» y unas manifestaciones «huecas y falaces» que sobre este ámbito ha venido produciendo el líder del PSOE y la portavoz de Medio Ambiente, apuntado a «un radicalismo oportunista».

Según ha defendido, responden a una «profunda ignorancia» o a «una manipulación de la realidad, demagogia o mala fe». «Demuestra que no ha leído el texto que se modifica», ha apostillado.

De Lara ha explicado que el proyecto de Ley de Montes del Gobierno mantiene la prohibición de 30 años de los cambios de uso del suelo pero, de manera excepcional, podrá modificarse «cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser aprobadas por ley».

«Ello excluye por su naturaleza cualquier interés privado de muchos y de poco y sólo en el caso de infraestructuras de interés público es aplicable esta excepción. Una urbanización carece de interés público», ha agregado.

LOS AGENTES FORESTALES SIGUEN SIENDO POLICÍA JUDICIAL

Además, De Lara ha asegurado que los agentes forestales no cambian de estatus sino que continúan siendo policía judicial, tal y como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Se introduce como novedad la necesaria coordinación del colectivo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la persecución de delitos contra el medio ambiente. El proyecto de ley no les reduce a cuerpo auxiliar, es falso», ha indicado.

En este sentido, ha defendido que el proyecto de Ley de Montes tiene como objetivo primordial la lucha contra los incendios, proteger la biodiversidad, lucha contra el cambio climático y el aprovechamiento económico de esos recursos forestales a través de una gestión forestal sostenible.

Desde el PSOE, Pilar Lucio ha sentenciado que el Gobierno del PP ha decidido ha acabado con la legislación medioambiental y reducir al mínimo los niveles de protección. A su juicio, «todas y cada una de las modificaciones» legales emprendidas responden a demandas particulares.

«Ahora con nocturnidad y alevosía modifican la Ley de Montes y ataca la protección de los montes. Modifica cuestiones evaluadas muy positivas por el Consejo de Estado, como el cambio de uso de los suelos forestales que han sido incendiados y han evitado abusos y especulación inmobiliaria. Queremos saber con qué intención se modifica este punto», ha añadido.

A su juicio, esta medida supone «una aberración medioambiental» y por ello quiere que la ministra dé explicaciones de por qué se hace esta modificación, a quién va a favorecer y en qué va a mejorar la gestión de las masas forestales.

Es más, sostiene que hay otra cuestión porque la Ley de Montes introduce una modificación por la que se que reduce la condición de policía judicial de los agentes forestales y los deja en meros avisadores, al mismo tiempo que les quitan su condición de funcionarios. «Es indicativo de esa tendencia privatizadora y esa ley va en contra de las orientaciones europeas de preservación de la naturaleza», ha sentenciado.

Ascensión de las Heras, de IU, apoya al PSOE en esta solicitud de comparecencia de la ministra de Medio Ambiente porque considera que es una reforma que no es necesaria porque rebaja medidas de protección medioambiental, además de privatizar.

«Sobre el cambio de uso de las zonas incendiadas, situada en los 30 años para evitar fines lucrativos, va a quedar liquidada con la reforma del Gobierno y abre la puerta para que las comunidades autónomas cambien su uso», ha lamentado entre otros puntos.

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