El Ibis eremita es una especie en peligro de extinción, y ahora tan solo cuenta con una población viable en el suroeste de Marruecos (cerca de Agadir), compuesta de más de 200 parejas y unos 70 ejemplares. Además, existe otra población semicautiva en Turquía (Bireçik) y la que se está creando en Vejer de la frontera era la tercera.
Justamente a esa última población, para la que se trabaja arduamente con el fin de reintroducir la especie en España, pertenecían los cuatro ibis que fueron encontrados muertos a tiros en la localidad pacense de Montemolín. El culpable ha sido condenado a pagar una multa de 20000 euros, un año de prisión y una inhabilitación especial que le prohíbe durante 35 meses, pescar o cazar.
El ibis eremita en peligro de extinción
El Juzgado de lo Penal nº2 de Badajoz ha dictado sentencia condenatoria contra un vecino de Montemolín (Badajoz) por la comisión de un delito contra la fauna, tras la muerte de cuatro ibis eremitas en agosto de 2019. El acusado, propietario de la vivienda y la parcela desde donde se realizaron los disparos, ha sido condenado a un año de prisión, inhabilitación especial para cazar o pescar durante 35 meses y al pago de 20.000 euros de indemnización a la Junta de Andalucía, además de las costas procesales.
La ONG, que ha ejercido la acusación popular en el proceso, valora muy positivamente esta resolución, que reconoce la gravedad de la caza ilegal de especies protegidas y la necesidad de respetar el marco normativo que vela por su conservación. La organización ambientalista decana de nuestro país lleva años apoyando la recuperación del ibis eremita en Marruecos y Andalucía, y considera fundamental la erradicación de este tipo de actos que suponen una agresión a la biodiversidad.
Lo acontecido
Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando un grupo de 5 ibis eremitas juveniles, nacidos en el marco del Proyecto de Reintroducción del Ibis Eremita de la Junta de Andalucía y el Zoobotánico de Jerez, realizó un vuelo de dispersión desde el único núcleo reproductor de la especie en España (Vejer de la Frontera, Cádiz) hasta el municipio pacense de Montemolín.
La investigación conjunta del Seprona de la Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente permitió localizar los cadáveres de las aves, cuatro de ellos con claros signos de haber sido abatidas por disparos de carabina de aire comprimido, no se ha podido determinar que el quinto ejemplar falleciera a causa de los disparos por existir otras posibles causas.
El ibis eremita es una de las aves más amenazadas del mundo, con una única población silvestre viable en Marruecos (con casi 200 parejas y más de 700 ejemplares) y una pequeña población reintroducida en Andalucía. La pérdida de estos ejemplares juveniles supone un grave revés para el proyecto de conservación, que en el momento de los hechos contaba con 21 parejas en libertad en España.
Según David de la Bodega Zugasti, la condena por la muerte de cuatro ibis eremitas, una especie que apenas hace unos años ha salido del peligro crítico, es un paso imprescindible para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y la protección de la biodiversidad. La persecución penal de estos delitos y, sobre todo, fomentar una cultura de respeto hacia la vida silvestre, son esenciales para disuadir futuras agresiones y para que la sociedad tome conciencia del valor de nuestras especies más amenazadas.
Preservar la biodiversidad
La organización ecologista pone de manifiesto que las leyes medioambientales establecen un marco de convivencia entre la naturaleza y el ser humano. Son vitales para la preservación de la biodiversidad, la salud y para garantizar un progreso sostenible en el tiempo.
Respetarlas permiten obtener una verdadera justicia ambiental, junto con una equitativa distribución, tanto social como espacial, de los beneficios y los impactos medioambientales. En la Unión Europea, los costes derivados de no aplicar correctamente la legislación ambiental se estiman en unos 50.000 millones de euros al año. Costes sanitarios y costes directos para el medio ambiente.
La ONG ha impulsado sentencias favorables para la conservación de la Naturaleza que han contribuido a que se reduzca el envenenamiento y otros delitos contra la fauna (parany, captura de fringílidos, pardeleo, etc.) o se anulen proyectos como macrourbanizaciones, macrogranjas, minas o carreteras en espacios protegidos que se demostraron ilegales y perjudiciales para el medio ambiente.
Con estas acciones, las ONG lo que hacen es defender el Patrimonio Natural de todos los españoles, que se hubiera perdido, si no se hubiera llevado ante los tribunales, o evitar la asunción por la sociedad de las pérdidas económicas que suponen determinadas agresiones ambientales.
Es de esperar que la cuantía de la multa y el alcance de la sentencia sea motivo suficiente para disuadir a todo aquellos que aún continúan haciendo caso omiso de la Ley y capturan o matan especies protegidas, puesto que estas es una actividad ilegal. ECOticias.com
