A falta de una base de datos oficial y centralizada que monitorice la mortalidad ilegal de fauna protegida en España, desde WWF hemos presentado hoy el análisis más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre esta problemática en nuestro país. Elaborado junto con el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), la Universidad de Granada (UGR) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC).
Según la investigación, las autoridades públicas recopilaron un total de 4.902 casos de delitos cometidos contra especies protegidas de fauna entre 2015 y 2020. Que supusieron la muerte de al menos 8.784 animales.
Esos datos oficiales, obtenidos a partir de peticiones de información a las Comunidades Autónomas, son solo la punta del iceberg, pues la mayoría de casos no se detectan. Ppor ejemplo, se estima que tan solo uno de estos delitos (el uso de veneno en el campo) supone la muerte de alrededor de 10.000 animales cada año. Y que solo salen a la luz entre el 10 y el 15 % de los casos de envenenamiento.
La razón es la enorme extensión del territorio a cubrir. Sumado a la falta de medios humanos, aunque tecnologías como el uso de dispositivos GPS en proyectos de conservación de la fauna, el desarrollo de unidades policiales especializadas o el uso de patrullas caninas contribuyen notablemente a la detección.
La impunidad que exacerba la pérdida de biodiversidad
Los delitos contra la fauna salvaje son devastadores para la biodiversidad. Especialmente cuando afectan a especies amenazadas. El empleo de veneno, la caza y pesca ilegales, el uso de métodos de captura prohibidos o el tráfico de especies suponen un grave riesgo para estas especies. Y en muchos casos están relacionados con el crimen organizado u otros delitos, como el tráfico de drogas.
Pese a la gravedad de estos delitos, muy pocos llegan a ser juzgados. Tratándose por la vía administrativa (con una multa, por ejemplo) o quedando sin resolver. Según la investigación, solo se produjeron 327 sentencias judiciales a partir de los 4.902 casos de crímenes contra la fauna registrados en España (un 6,67% de los casos), por lo que el 93% de los casos no son juzgados.
Las sentencias más frecuentes fueron por posesión de artes de caza y pesca ilegales (213 sentencias), compraventa ilegal de fauna (32 sentencias) y uso de veneno (26 sentencias).
Poniendo el foco en el número de casos, los crímenes más frecuentes son la caza furtiva (1773 casos), los envenenamientos (1899 casos) y el uso o posesión de métodos ilegales de captura (446). La impunidad es especialmente elevada en los casos de caza ilegal. Solo un 0,8 % de los casos registrados acabaron en una sentencia judicial.
Los crímenes contra la vida salvaje no son delitos menores, pero las administraciones públicas siguen tratándolos como tales. Aunque se ha avanzado mucho en este campo en los últimos años, el alto grado de impunidad que sigue existiendo en nuestro país y el estado crítico de la biodiversidad a nivel global, nos demuestra que queda mucho por hacer. Delitos contra la fauna salvaje: una vergüenza nacional.
España, un referente en Europa en vigilancia y denuncia
La investigación se enmarca en el proyecto europeo LIFE SWiPE (Persecución exitosa de los delitos contra las especies silvestres, por sus siglas en inglés), una iniciativa en la que 11 países han unido fuerzas durante tres años para reducir estos delitos, gracias a la mejora de la coordinación, la formación y la cooperación transfronteriza entre países.
Quienes cometen crímenes contra la vida salvaje usan métodos cada vez más sofisticados, que muchas veces incluyen redes criminales más allá de nuestras fronteras. Por eso es vital trabajar en la especialización y la cooperación entre los agentes.
Instrumentos adecuados
En España existen instrumentos y herramientas legales para luchar contra estos delitos de manera eficaz, con agentes medioambientales de las CCAA, de aduanas, y una policía especializada, el SEPRONA, que es un referente en Europa, además de una Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente.
Además de aumentar la cooperación entre todos los agentes implicados, es necesario impulsar otras medidas como la formación de jueces especializados en delitos contra la vida salvaje, algo que sí existe en otros países.
El Gobierno también tiene la oportunidad de mostrar su compromiso frente a esta amenaza, actualizando el Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES) de 2018 y la revisión de la Estrategia Nacional de veneno, en cuyo borrador han participado activamente varias organizaciones ambientales.
Finalmente, España puede contribuir a dar impulso a la Directiva Penal Medioambiental que, actualmente, se está negociando a nivel europeo. Abogamos por una Directiva efectiva que recoja sanciones ambiciosas y con un nivel de armonización lo suficientemente alto para garantizar que los delitos ambientales se aborden de manera coordinada en todos los Estados miembros de la UE. Delitos contra la fauna salvaje: una vergüenza nacional.
