La Unión Europea (UE) sigue firme en su momento de inflexión en su política medioambiental. En los últimos meses, Bruselas ha introducido una serie de modificaciones que suponen un retroceso en los compromisos del Pacto Verde Europeo y en la Política Agraria Común (PAC).
Estas decisiones responden, en parte, a la presión del sector agrícola y al aumento de los costes de producción, pero también han despertado preocupación por su impacto en la protección ambiental del campo europeo.
Las organizaciones ecologistas advierten que este giro podría comprometer décadas de avances en conservación del suelo, reducción de emisiones y protección de la biodiversidad. Por su parte, agricultores y gobiernos nacionales lo defienden como una respuesta pragmática ante la crisis de costes y la competencia global.
La UE ahora va camino de desmontar la PAC
Una votación celebrada el pasado miércoles 8 de octubre en el Parlamento Europeo aprobaba la propuesta para modificar los reglamentos de la Política Agrícola Común (PAC). Bajo el pretexto de la «simplificación» la votación consumaba un retroceso ambiental que en la práctica se traduce en un debilitamiento de las normas básicas de protección de suelos, pastizales y hábitats, y abre la puerta a prácticas que degradarán aún más el campo y la naturaleza europea.
Para los ecologistas, las modificaciones adoptadas suponen un cheque en blanco a la destrucción de hábitats valiosos y a la degradación del suelo, erosionando los pilares ambientales sobre los que se sustenta la PAC. Esto no sólo afecta a la naturaleza, sino también a los propios agricultores al reducir la capacidad del sector para hacer frente a la erosión, la pérdida de fertilidad y la crisis climática.
«En un día como hoy, en el que se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, deberíamos reflexionar sobre la necesidad de construir sistemas agroalimentarios más saludables, justos y sostenibles. La decisión del Parlamento Europeo va en la dirección contraria, poniendo en riesgo precisamente aquello que debería proteger: los recursos naturales que hacen posible producir alimentos de calidad y garantizar el futuro del campo europeo», afirman
Pero no todo está perdido
Mañana viernes tiene lugar la primera reunión de los trílogos, donde la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento deberán acordar el texto final, por lo que aún hay margen para revertir algunos de los retrocesos aprobados y evitar que se consume esta desprotección de la naturaleza.
Por ello, desde la organización ambientalista instan al Gobierno de España a actuar y a promover su influencia para que el Consejo y la Comisión preserven las garantías ambientales legales que hacen posible una agricultura más responsable, que aplique criterios ambientales y que sea capaz de proteger los suelos, la biodiversidad y el futuro del propio sector agrario.
La Red Natura 2000 y los suelos, las principales víctimas
Entre los cambios aprobados preocupan especialmente aquellos que eliminan o reducen las normas básicas de protección ambiental en el campo europeo, como el que exime a las explotaciones situadas en espacios incluidos en la Red Natura 2000 de cumplir las condiciones mínimas de conservación, debilitando la protección de las zonas más valiosas para la biodiversidad en Europa.
El argumento utilizado para justificar este cambio es que los espacios Natura 2000 ya cuentan con planes de gestión, que supuestamente garantizan su protección ambiental. Sin embargo, muchos de esos planes llevan años sin revisarse, la mayoría presentan un grado de ejecución muy bajo y además se centran casi exclusivamente en medidas específicas para las especies y hábitats que motivaron su declaración.
Apenas contemplan disposiciones generales sobre las actividades económicas agrícolas que se desarrollan dentro de estos espacios, a no ser que de alguna manera influyan positiva o negativamente en la integridad del espacio, precisamente el ámbito que regula la PAC.
Pretender sustituir la condicionalidad ambiental de la PAC considerando que se debe canalizar a través de los planes de gestión implicaría tener que revisarlos prácticamente todos para incluir esos criterios. Sólo en España existen más de 1.800 espacios Natura 2000, lo que convierte esta supuesta «simplificación» en una auténtica complicación administrativa.
La reforma también suprime la obligación de mantener medidas para prevenir la erosión y la pérdida de suelo, una modificación incomprensible, pues se da en un contexto en el que más del 60% de los suelos europeos están degradados.
Además, se elimina la obligación de mantener los pastizales valiosos en espacios Natura 2000, permitiendo su arado y conversión, lo que afectará a los ecosistemas esteparios y a los principales sumideros de carbono agrarios.
A ello se suman otras modificaciones que favorecen los monocultivos, amplían exenciones ambientales sin garantías suficientes y reducen la protección de humedales, ecosistemas clave para la regulación hídrica.
En estas situaciones, desde entidades ecologistas reclaman la necesidad de realizar una adecuada evaluación en los términos establecidos en la Directiva 42/93/CE y en la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para que la autorización administrativa de estas actuaciones en espacios Natura 2000 garantice que no se van a ver afectados negativamente ni los hábitats ni las especies por los que se han designado los espacios, ni su integridad.
Supone un retroceso político y ambiental
La propuesta fue aprobada sin una evaluación de impacto ambiental ni una consulta pública adecuada, lo que vulnera los principios de buena gobernanza de la UE y genera incertidumbre entre los propios agricultores, principales perjudicados por ese desmantelamiento que pone en riesgo sus recursos.
La organización ambiental lamenta que, en lugar de avanzar hacia una agricultura más justa, resiliente y sostenible, Europa haya optado por retroceder a modelos que dañan el suelo, la biodiversidad y la credibilidad de sus propias políticas verdes.
Por este motivo y ante la inminente reunión de mañana, ecologistas hacen un llamamiento al Gobierno de España, a la Presidencia Danesa del Consejo y a la propia Comisión Europea para que actúen con urgencia y detengan ese ataque a la biodiversidad de Europa.
Con esta revisión, la UE se enfrenta al desafío de equilibrar sostenibilidad y productividad, en un contexto donde la urgencia climática exige coherencia y visión a largo plazo para proteger el futuro del campo europeo y del planeta. EFE / ECOticias.com
