La nueva normativa de la UE, entra en vigor este viernes 7 de marzo, y reducirá su protección oficial en Europa de “estrictamente protegido” a “protegido”.
En España hay menos lobos de los que se piensa. Esta especie ha sido perseguido a sangre y fuego y, por ello, fue prácticamente extinguida hace unas décadas de nuestro país.
Gracias a la inclusión del lobo en 2021 el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, este animal ha dejado de ser considerada una especie cinegética y queda prohibida su caza deportiva. Este icono de la vida salvaje ya no será un trofeo de caza.
Tras este hito, empieza una nueva etapa y ésta debe estar centrada en conservar las poblaciones de lobo, apostando por una coexistencia efectiva con la ganadería, en lugar de seguir matando lobos de forma indiscriminada.
Para lograrlo, es clave la aprobación urgente de una nueva ‘Estrategia nacional de conservación y gestión del lobo’, consensuada con todas las partes y que sirva de guía a las Comunidades Autónomas para elaborar nuevos planes centrados en la conservación y recuperación de la especie y en la coexistencia efectiva con la ganadería extensiva.
Se calcula que hay unas 300 manadas en España
Hoy solo habita en una tercera parte de sus antiguos territorios. Son grupos de entre cinco y diez individuos según la época del año (si hay cachorros o no los hay). Afortunadamente, y pesar de que su presencia es muy desigual según la zona (concentrándose en la zona noroeste de España), sus poblaciones han empezado a colonizar nuevos territorios.
Las Comunidades Autónomas incumplen las medidas prioritarias que garantizarían la conservación del lobo y su coexistencia con las actividades humanas, según un análisis de WWF.
El análisis muestra avances desde 2021 gracias al cambio de modelo y los fondos movilizados tras la aprobación de la Estrategia nacional del lobo, pero es necesario mucho más compromiso y voluntad política por parte de las administraciones.
Apoyo insuficiente a las medidas preventivas para que la ganadería extensiva pueda coexistir con el lobo, compensaciones injustas o demasiado lentas para quienes sufren ataques, escasa participación pública y dejadez frente al furtivismo.
Es el balance de un nuevo INFORME, que ha suspendido a las administraciones autonómicas por su falta de compromiso con la coexistencia y la conservación de la especie: las políticas están fallando al lobo, y también a la ganadería extensiva.
El informe «¿Hacia la coexistencia o el conflicto? Análisis de las políticas autonómicas para la conservación del lobo«, publicado hoy por WWF, muestra que las Comunidades Autónomas loberas no están tomando las medidas necesarias para garantizar una conservación favorable de las poblaciones de lobos y su coexistencia con las actividades humanas, especialmente la ganadería extensiva.
A través de peticiones formales de información a los gobiernos regionales, el rastreo de fuentes oficiales y la consulta a personas expertas en la especie, el informe valora lo que WWF considera unos criterios de mínimos en torno a cuatro pilares de actuación: dos de ellos relacionados con la coexistencia (apoyo para la prevención de daños y sistemas de compensación justos), otro sobre la participación pública y la transparencia en la gestión de la especie, y un último apartado vinculado a las obligaciones legales de protección del lobo, como la lucha contra el furtivismo o la existencia de planes de conservación adecuados y actualizados.
Asturias, Cantabria y Castilla y León, lo peores lugares para ser lobo ibérico
Entre los resultados del análisis, destaca la pobre valoración de tres de las comunidades loberas históricas —Asturias, Cantabria y Castilla y León— en un aspecto vital, el apoyo público a la adopción de medidas preventivas (como perros de guarda, vallados o la contratación de personas cuidadoras del ganado) que pueden reducir hasta en un 100 % los ataques al ganado.
La inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) en 2021 supuso priorizar por primera vez la prevención de los daños sobre la eliminación de ejemplares.
Este cambio de paradigma en el modelo de gestión de la especie ha estado ligado a una inversión financiera sin precedentes, con 20 millones anuales transferidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a las CCAA. Pero, según el análisis de WWF, falta voluntad política para ofrecer soluciones reales y asegurar la coexistencia entre lobos y ganadería extensiva.
“Las Comunidades Autónomas no están haciendo los deberes. Es básico asegurar que todos los ganaderos y ganaderas cuentan con apoyo público para poner en marcha medidas preventivas”, asegura Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF. “Ese apoyo debe cubrir el coste y el mantenimiento de las medidas, pero también formación y acompañamiento para asegurar su uso eficaz”, añade. Un punto que la organización considera clave es que se vincule el pago de daños a la correcta aplicación de estas medidas preventivas, bonificando a quienes las usan correctamente.
De los cuatro apartados analizados, el de compensación de ataques es el que obtiene una valoración media más elevada: aún así, en muchas CC.AA. los pagos llegan demasiado tarde (más de 6 meses), los trámites para recibirlos son complejos, o no cubren costes adicionales como el lucro cesante o los gastos veterinarios, una reivindicación básica de WWF y de colectivos ganaderos. La organización reclama mayor eficacia en los expedientes de ataques, usando técnicas avanzadas como el análisis genético, y que se establezcan mecanismos adecuados de transparencia y participación para resolver casos dudosos.
Cataluña, pese a no contar con manadas reproductoras, es la CCAA con las políticas mejor valoradas por el análisis de WWF
Seguida de Álava (analizada de forma independiente por tener las competencias delegadas) y Galicia, mientras Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía se sitúan a la cola.
“Con este informe, WWF no pretende evaluar la situación poblacional de la especie, sino la voluntad política y el marco institucional que hace posible su conservación y la reducción del conflicto social”, explica Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF. “Es lamentable que los responsables políticos sigan centrando su discurso en pedir una disminución del nivel de protección del lobo y en volver a matar lobos, en lugar de impulsar de forma decidida las políticas de coexistencia y de reducción de daños”.
Un buen ejemplo es que ninguna Comunidad, excepto La Rioja ha modificado sus planes de conservación y gestión del lobo para adaptarlos a su nuevo estatus, porque todas esperan poder volver al modelo anterior, basado en el control de poblaciones.
Un avance en el buen camino, aunque claramente insuficiente
Para tratar de determinar el efecto de la estrategia nacional del lobo y de los fondos estatales para la coexistencia, el informe de WWF incluye la misma evaluación de las políticas autonómicas con información de 2021.
Según la comparación, la mitad de las CCAA han mejorado su valoración en prevención de daños en los últimos cuatro años, y más de la mitad han avanzado en el apartado sobre la conservación de la especie.
“Nunca ha habido tantos fondos públicos disponibles para la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva, y vemos que esa inversión está suponiendo un sensible avance en el buen camino, pese a que existe mucha confusión sobre la disponibilidad y ejecución de esos fondos”, asegura el coordinador de conservación de WWF.
En ese sentido, la organización pide al MITECO que establezca un sistema para garantizar la transferencia regular y en tiempo de los fondos a las CC.AA., así como la trazabilidad sobre el destino y la eficacia de los mismos.
“El Gobierno y las Comunidades Autónomas tienen que colaborar para mantener este cambio de rumbo, garantizando que los ganaderos y ganaderas reciben el apoyo necesario para convivir con el lobo y trabajando de forma coordinada para que esta especie única siga recuperando sus poblaciones y su vital papel en nuestros ecosistemas”, concluye Luis Suárez.
