La reforma propuesta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ha generado una fuerte polémica, especialmente entre asociaciones protectoras y juristas especializados en derecho animal. Uno de los aspectos más controvertidos es la limitación de la acusación popular, una figura jurídica que ha sido clave para impulsar causas relacionadas con los delitos contra los animales en España.
De aprobarse la ley en su redacción actual, muchas organizaciones y ciudadanos quedarían excluidos de participar activamente en los procesos judiciales, dejando estos casos casi exclusivamente en manos del Ministerio Fiscal.
La acusación popular ha sido, durante años, una herramienta esencial para garantizar la defensa de los animales ante la justicia. Gracias a ella, entidades sin ánimo de lucro han podido personarse en procedimientos donde, en muchos casos, las administraciones públicas no actuaban o lo hacían de forma insuficiente.
Un paso atrás para condenar los delitos contra los animales
En la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada el 29 de octubre en Consejo de Ministros, no se ha atendido la petición que INTERCIDS viene realizando desde 2021 de preservar la acción popular para delitos contra los animales. «Muy preocupante y una grave amenaza para la defensa jurídica de los animales», señalan desde la entidad de operadores jurídicos.
El Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado recientemente en Consejo de Ministros, introduce cambios sustanciales en el sistema de investigación penal y limita de forma significativa la figura de la acusación popular, una herramienta clave para la defensa de los animales y la lucha contra la impunidad en los delitos cometidos contra ellos.
Una limitación que deja fuera a los animales
La reforma restringe el ejercicio de la acusación popular a un listado cerrado de delitos considerados «contra intereses colectivos». Entre ellos figuran los delitos urbanísticos, medioambientales o contra el patrimonio histórico, pero no los delitos contra los animales, pese a que comparten el mismo ámbito competencial dentro de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Esta exclusión podría traducirse en una drástica reducción de los procedimientos penales por maltrato animal, minando el trabajo de las entidades que han hecho posible que estos casos lleguen a los tribunales.
INTERCIDS ya propuso enmiendas en 2021
La entidad de operadores jurídicos por los animales recuerda que en 2021 ya presentó un amplio y detallado documento con diversas propuestas de enmiendas para adaptar el texto de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal a la actual configuración de los delitos contra los animales en el Código Penal.
Estas propuestas garantizaban la posibilidad de que la acusación popular, y, por tanto, la sociedad civil organizada, continuara participando activamente en la persecución penal de estos delitos.
En 2025, INTERCIDS insistió de nuevo al Gobierno de España sobre el problema planteado por este Anteproyecto de Ley, reiterando sus propuestas para corregir el articulado en diversos puntos y garantizar no sólo la inclusión de los delitos contra los animales entre los susceptibles de acción popular, sino también otros puntos del proyecto que suponen una limitación de las facultades de la acción popular en el procedimiento judicial penal.
«Esta reforma puede poner en riesgo el avance conseguido en la judicialización de los delitos contra los animales, ya que buena parte de los procedimientos actuales se inician precisamente gracias a la personación de entidades de protección animal sin ánimo de lucro», alertan desde la entidad.
INTERCIDS lamenta que el Consejo de Ministros haya hecho caso omiso a este grave problema e ignorado las propuestas para enmendarlo, y anuncia que trasladará de nuevo a los grupos parlamentarios las enmiendas ya presentadas en su momento, con el fin de preservar las garantías procesales en la fase de instrucción y asegurar que los delitos contra los animales no queden fuera del amparo judicial ni del control ciudadano.
Los defensores de la reforma argumentan que limitar la acusación popular mejorará la eficiencia del sistema judicial y evitará procesos innecesarios o con fines mediáticos. Sin embargo, sus críticos advierten que, en la práctica, supondrá un retroceso en la protección animal y una pérdida de transparencia y participación ciudadana en la justicia.
Temen que, sin la presión y el seguimiento de las asociaciones, muchos delitos queden impunes o sean archivados por falta de impulso procesal. La cuestión de fondo trasciende lo jurídico: se trata de decidir si la sociedad quiere seguir avanzando hacia un modelo donde los animales sean considerados verdaderas víctimas y sujetos de protección efectiva. ECOticias.com
