La propuesta para el desarrollo de una ley integral del amianto, gira en torno a tres pilares fundamentales, la salud pública, la protección del medioambiente y los derechos de los trabajadores y cuenta ya con el apoyo de más de 8000 personas a través de la plataforma change.org además de otras 10.000 firmas recogidas para la investigación del cáncer derivado de la exposición al amianto.
Esta propuesta recuerda las diversas estimaciones que señalan que la cifra de fallecimientos en el Estado español causados por patologías provocadas por el uso industrial del amianto será de al menos 130.000 hasta el año 2050, de los cuales un 40 % todavía no se han producido, los expertos prevén 5.000 defunciones a lo largo de este año 2020.
El manifiesto insta al Gobierno español a impulsar la creación de un instrumento legislativo que permita desarrollar una política eficaz destinada a proteger los derechos de las personas que se ven afectadas por la exposición al amianto o que padecerán en años venideros los efectos sobre la salud de la inhalación de este material prohibido en el conjunto de la UE desde el año 2002.
Al mismo tiempo, tras recordar que la Organización Mundial de la Salud, es contundente al advertir no existe un nivel de exposición a las fibras de amianto que no comporte riesgo, el Manifiesto por una ley integral del amianto propone que la futura norma permita afrontar el reto del completo desamiantado del territorio español.
Medida urgente si atendemos al hecho que, tal y como recoge el texto promovido por las entidades participantes en esta iniciativa, “el 65 % del amianto instalado en todo el territorio español ha finalizado su vida útil (30-35 años), lo que incrementa su peligrosidad al desprender una mayor cantidad de fibras letales al ambiente”.
Responder al mandato europeo
La futura Ley Integral del Amianto que se reclama debería situarse, según las entidades demandantes, en línea con los objetivos fijados por las autoridades europeas respecto la necesidad de erradicación del asbesto y la protección de la salud ante una amenaza que, anualmente, provoca más de 88.000 muertes en los países miembros de la Unión Europea.
Así, el manifiesto se remite a la Resolución sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente (2012/2065 (IHI)) aprobada por el Parlamento Europeo en 2013 y al Dictamen del Consejo Económico y Social Europeo “Erradicar el amianto en la UE” (2015/C 251/03), que insiste en el carácter prioritario que deben tener para los estados miembros y para las instituciones comunitarias la eliminación del amianto de forma segura, estableciendo el año 2032 como plazo máximo para la consecución de la plena erradicación del amianto en territorio europeo.
Las organizaciones firmantes han instado al Gobierno a ir un paso más allá en vista de la gran pasividad con la que se ha gestionado la situación del amianto en España, el inaceptable deterioro de muchas edificaciones con amianto y vertidos ilegales en entornos rurales y urbanos que supone exposición pasiva al amianto al conjunto de la sociedad y ya que en 14 años no ha existido ningún instrumento legislativo para la erradicación del amianto, y el objetivo de que España esté libre de amianto en el año 2028.
Del infrareconocimiento al tratamiento de los residuos
El manifiesto propone un amplio abanico de ejes de actuación que debieran quedar al amparo de la norma que se promueva, con especial énfasis en la necesidad instruir un fondo de indemnización para las víctimas del amianto (FIVA), de promover el censo de los elementos fabricados con amianto o que contengan asbesto tanto en edificios públicos como privados y su erradicación segura, priorizando el desamiantado de escuelas e instalaciones frecuentadas por niños y niñas, dada la especial vulnerabilidad de la población infantil, la mejora del Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), seguimiento de los planes de desamiantado y el desarrollo proyectos de inversión en la investigación científica pública y privada para obtener métodos de diagnóstico precoz de los cánceres del amianto, lograr avances significativos en el tratamiento de las personas afectadas, para salvar vidas.
Se pretende que la futura ley también contribuya de forma decisiva a acabar con las dificultades de los afectados y afectadas a la hora de acceder al reconocimiento del origen profesional de las patologías causadas por la exposición al amianto. En este sentido, el manifiesto recuerda que España es uno de los países de la UE que menos casos de enfermedades profesionales con origen en el asbesto.
Tan sólo el 9 % de los hombres que fallecieron en todo el territorio español entre 2007 y 2017 por mesotelioma derivado de la exposición laboral al amianto fueron reconocidos como enfermos profesionales. En el caso del cáncer bronco-pulmonar derivado del amianto, ese porcentaje se reduce hasta al 0,44 %.
El problema del infrareconocimiento se acentúa más si cabe cuando nos referimos a las mujeres, puesto que únicamente un 0,9 % de las fallecidas por mesotelioma y apenas un 0,05 % de las que han padecido cáncer bronco-pulmonar derivados de las exposición laboral al amianto han visto reconocida su situación y han tenido acceso a las prestaciones y compensaciones que legalmente les corresponden.
“Es necesario, urgente e inaplazable trasladar el concepto de que la salud es lo primero, al contexto del amianto -se puede leer en el manifiesto trasladado al ejecutivo español- Hoy estamos a tiempo de salvar decenas de miles de vidas y de evitar prolongar la pandemia de casos de cáncer y otras enfermedades derivadas de la exposición al amianto”.
Fuente: Ecologistas en Accion
