Las prisas del gobierno del Partido Popular por iniciar las obras del ATC en esta legislatura, están llevando a que se realicen los diferentes procedimientos de licenciamiento del ATC sin las debidas garantías para la protección del ambiente y la salud de las personas.
En el Proyecto del ATC, el Gobierno marca los plazos, priorizando sus intereses partidistas, por encima del interés común. En la actualidad, se siguen desarrollando sondeos y se reconoce que los estudios de caracterización geológica no se han terminado. Las prisas no tienen justificación técnica pero el presidente de ENRESA estaría presionado por el calendario electoral. Los funcionarios deberían tener libertad de actuación para evaluar de forma objetiva el proyecto.
Las prisas del gobierno del Partido Popular por iniciar las obras del ATC en esta legislatura, están llevando a que se realicen los diferentes procedimientos de licenciamiento del ATC sin las debidas garantías para la protección del ambiente y la salud de las personas.
Por una lado, tanto el Ministerio de Industria como ENRESA han comunicado ante la que los estudios de caracterización de los terrenos no están completos. Así, ENRESA sacó a licitación en febrero un por un valor de casi medio millón de Euros y 6 meses de ejecución. A día de hoy, se puede constatar la presencia de 3 máquinas realizando sondeos sobre los terrenos en los que se pretende construir el ATC.
El 13 de junio, se anuncia el el el sometimiento a información pública de dos procedimientos de forma simultanea: el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el de autorización previa (ambos suponen muchos miles de folios a estudiar y alegar en tan solo 30 días).
En la misma línea, Gil-Ortega, político y presidente de ENRESA, anuncia que se tramitarán los complejos expedientes para «mover tierras» en enero o febrero de 2015. Este anuncio es preocupante por dos razones. Por un lado, ante el hecho de que la empresa que preside Gil-Ortega no es la encargada de tramitar los procedimientos sino el Ministerio de Industria, el de Agricultura, La Consejería de Fomento y el CSN y por tanto se podría entender como un intento de presionar a estas instituciones y, especialmente a los funcionarios encargados de la supervisión.
Por otro (y esto es aún peor) que ya se ha pactado que se dará el OK sin apenas analizar la instalación más peligrosa construida en España hasta la fecha y uno de los almacenes de residuos nucleares más grandes del mundo. Proyectos menos complejos que el ATC (autovías centrales de generación eléctrica, etc.) han llevado dos años o más de estudio de los expedientes y las alegaciones, hasta la emisión de la DIA (declaración de impacto ambiental).
La documentación presentada, tiene graves carencias. Por ejemplo, se desconoce la dinámica hidrogeológica en los terrenos: «Para establecer los límites a la contaminación potencial de las aguas subterráneas … es necesario un mejor conocimiento de los acuíferos y del funcionamiento de las aguas subterráneas»[1]. Asunto crítico con respecto a la vulnerabilidad ante posibles migraciones de radionucleidos y la posibilidad de contaminación de grandes sistemas acuíferos, así como al cauce del río Záncara y, a su vez, al Guadiana.
La Plataforma contra el cementerio nuclear, en la que participa Ecologistas en Acción, hace un llamamiento, a los técnicos de las diferentes instituciones implicadas en velar para que el proyecto del ATC se lleve a cabo con las suficientes garantías, para que no se dejen presionar por las prisas de sus superiores políticos, que solo tienen interés partidista y clientelista.
Notas
[1] Página 263 del «Estudio de caracterización del emplazamiento del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) y zona de influencia de la instalación»