La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha señalado al Gobierno algunas observaciones que debería reconsiderar sobre el Proyecto de Real Decreto sobre los aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos, y favorecer la reutilización de los mismos con la existencia de mercados de bienes de segunda mano.
Así consta en un informe de la CNMC en el que se realizan varias consideraciones al proyecto de Real Decreto al que valora como «positivo» en términos generales, pero en el que realiza algunas recomendaciones de cara a asegurar un funcionamiento «eficiente» respecto a los procedimientos de gestión, trazabilidad y contabilización de los residuos de estos dispositivos.
En concreto, la CNMC considera que en coherencia con la Directiva, el Real Decreto tendría que redactar los artículos dedicados a los usuarios de estos aparatos de forma que la responsabilidad de estos incluya la obligación de destinar los aparatos usados, si están en buenas condiciones, a un segundo uso favoreciendo de esta forma la existencia de mercados de bienes de segunda mano reutilizables.
El Proyecto de Real Decreto incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva sobre residuos y aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) e incluye las novedades de la Ley de 2011 sobre residuos y suelos contaminados. El objetivo de la norma es contribuir a la producción y consumo sostenibles mediante la prevención de la generación de residuos y el fomento de técnicas de tratamiento como la preparación para la reutilización.
Aunque la CNMC valora el proyecto de Real Decreto de forma «positiva», entre sus recomendaciones señala que el texto vincula las obligaciones de financiación de cada productor de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) a sus cuotas de mercado. Estas cuotas se aplican a los sistemas individuales o colectivos de responsabilidad.
Sin embargo, el informe considera que la referencia al cálculo de cuotas de mercado presenta potenciales problemas de coordinación con las posibles solicitudes de información por parte de la CNMC encaminadas a determinar cuotas de mercado en el análisis de operaciones de concentración.
Además, estima que la atribución a una comisión de coordinación en materia de residuos la responsabilidad de evaluar si un sistema colectivo respeta suficientemente la competencia o no, presenta «serios problemas de inadecuación» a la Ley 3/2013 de 4 de junio, de creación de la CNMC, por cuanto ésta señala que la propia CNMC tiene entre sus funciones la supervisión y control de todos los mercados y sectores económicos.
«CONFIANZA LEGÍTIMA»
En este sentido, añade que cualquier pronunciamiento de la CNMC al respecto a través del informe consultivo contemplado, podría crear un «problema de confianza legítima» respecto a futuras actuaciones de la comisión en el ejercicio de sus funciones de persecución de conductas anticompetitivas.
Igualmente advierte de que existe un riesgo «claro» de solapamiento de funciones entre el Centro de Coordinación y la propia CNMC, dado que se le atribuye al primero la coordinación de las obligaciones de la responsabilidad ampliada de los productores de aparatos eléctricos y electrónicos «garantizando el adecuado funcionamiento de la competencia entre los agentes económicos».
Por otro lado, en relación con la posibilidad de que las entidades locales encarguen directamente a los gestores autorizados la gestión de los residuos recogidos en sus instalaciones, el informe cree que «sería recomendable» valorar las implicaciones que una decisión de este tipo puede conllevar en relación con la competencia efectiva y, en la medida de lo posible, acudir a una licitación pública abierta a la concurrencia de todos los potenciales operadores interesados.
El proyecto contempla que las Administraciones públicas competentes establezcan reservas de mercado a las entidades de economía social, en referencia a la actividad de preparar la reutilización de productos. A su juicio, se debería valorar y justificar la existencia de un interés social que prevalezca sobre el posible interés por parte de otros operadores en el mercado de preparación para la reutilización de este tipo de aparatos, así como los perjuicios para la competencia que podría conllevar una decisión de este tipo.
En relación con los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada de los productores, el informe apunta que es «necesario» señalar que las empresas obligadas que se asocien para crear un sistema de recogida deberían establecer condiciones de adhesión transparentes y objetivas, concluir con éste acuerdos de duración limitada y permitir, en principio, el acceso de terceros a su infraestructura.
En cualquier caso, estima que el intercambio de información que pudiera producirse entre los diferentes integrantes del sistema debe garantizar que no pueda producirse un aumento del riesgo de colusión entre los operadores.
En definitiva, el informe del organismo regulador de la competencia ha detectado que se deberían mejorar en la propuesta normativa los elementos de cálculo de cuotas del productor; la consulta a la CNMC de forma previa a la autorización de sistemas colectivos que superen el 30% de la cuota de mercado estatal en una categoría o subcategoría; las funciones del centro de coordinación; las responsabilidades de los distintos operadores; la encomienda de gestión de RAEE recogidos por entidades locales; las cláusulas sociales de reserva de mercado en licitaciones públicas; los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada de los productores; el ámbito de aplicación, que debería tener un enfoque «más claro y ambicioso» y, por último, la diversidad de registros y funciones asignadas al Centro de Coordinación de RAEE.
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