La normativa fomenta actuaciones para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo. Las empresas de la cadena deberán contar con un plan de prevención para que, a partir de un autodiagnóstico, adopten medidas para minimizar las pérdidas conforme a una jerarquía de usos en la que tendrá prioridad el consumo humano.
El anteproyecto se ha sometido al trámite de audiencia pública y se han realizado cuatro foros participativos dedicados a consumidores y ONGs, distribución y canal Horeca, industria y sector primario. En 2020 los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos, una media de 31 kilos por persona.
El desperdicio de alimentos representa una “ineficiencia” de la cadena alimentaria, que tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales, porque supone malgastar el trabajo realizado por agricultores y ganaderos en la producción de alimentos y mal utilizar los recursos naturales que se consumen en este proceso.
Pero además, tiene un claro carácter ético y “llama a la conciencia de todos”. La Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario supone un importante avance que ha destacado el carácter pionero, ya que es la primera vez que se legisla en España sobre la materia, algo que hasta el momento solo han hecho Francia e Italia.
Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la nueva Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, tras el debate y votación de las enmiendas aprobadas por el Senado. La iniciativa legislativa busca lograr una reducción del 50% de los residuos alimentarios per cápita en el ámbito de la venta minorista y el consumo, así como una bajada del 20% de las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro para el año 2030.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que cada año se desperdician unos 1.300 millones de toneladas de comida, lo que supone en torno al 30% de los alimentos que se producen. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, España desperdició en 2023 casi 1,3 millones de toneladas.
Plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario
Uno de los pilares de la norma es la exigencia de que todos los agentes de la cadena alimentaria dispongan de un plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, en el que se establezca cómo aplicarán la jerarquía de prioridades para evitar el desperdicio.
Este orden dicta que los alimentos deben destinarse, en primer lugar, al consumo humano sin transformaciones adicionales. Si esto no es posible, podrán aprovecharse en la fabricación de otros productos todavía adecuados para el consumo humano, como mermeladas o zumos.
Si, pese a cumplir con lo anterior, se han generado excedentes, estos se destinarán a la donación de alimentos y otros tipos de redistribución para el consumo humano. En última instancia, los alimentos podrán emplearse en alimentación animal, compostaje o producción de biogás.
El sector de la distribución tendrá la obligación de donar los excedentes de alimentos a entidades sociales y bancos de alimentos, salvo que se justifique su inviabilidad. En este sentido, los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados deberán firmar convenios de colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro para garantizar el aprovechamiento de los productos en buen estado.
Para los consumidores, la norma introduce el derecho a llevarse las sobras de los restaurantes en envases adecuados, sin coste adicional, con excepción de los bufés libres o formatos similares. Los establecimientos deberán informar claramente de esta posibilidad en sus menús o cartas y los envases utilizados deberán ser reutilizables, reciclables o cumplir con la normativa vigente para reducir el uso de plásticos de un solo uso.
Campañas de sensibilización
La ley establece que las administraciones públicas deberán jugar un papel clave en la lucha contra el desperdicio alimentario. Entre sus obligaciones, destaca la promoción de campañas de sensibilización sobre hábitos de consumo responsable y el desarrollo de soluciones innovadoras para minimizar el desperdicio.
Además, se incentivará la creación de nuevos modelos de negocio enfocados en la reutilización de excedentes alimentarios y la investigación para prolongar la vida útil de los productos.
Uno de los aspectos más señalados es la racionalización de las fechas de consumo preferente. Se incentivará a las empresas para que ajusten estas fechas al máximo posible dentro de los márgenes de seguridad alimentaria, con el objetivo de reducir el descarte prematuro de alimentos que aún son aptos para el consumo.
Del mismo modo, las administraciones públicas deberán fomentar que los establecimientos de comercio al por menor dispongan de líneas de venta de alimentos «feos», «imperfectos» o «poco estéticos», siempre y cuando cumplan la normativa europea. También se promoverá el consumo de productos de temporada, de proximidad y ecológicos.
Para garantizar su cumplimiento, la ley establece un régimen sancionador con infracciones cuya cuantía abarca de los 1.000 euros para las leves hasta los 100.000 para las graves.
