El tratamiento de aguas residuales urbanas afronta un profundo cambio regulatorio: siete organizaciones empresariales reclaman que España extreme el rigor científico y jurídico al trasladar la nueva directiva europea, que obliga a medicamentos y cosméticos a financiar al menos el 80 % del coste de eliminar determinados microcontaminantes.
La Directiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo y del Consejo está haciendo que las asociaciones productoras de medicamentos y de productos cosméticos de España manifiesten su preocupación, porque, según explican, tendrán que asumir los costes de los nuevos índices de depuración en el tratamiento de aguas residuales urbanas.
La idea es que, mediante el tratamiento de aguas residuales urbanas, se eliminen una serie de microcontaminantes que, según la normativa de la UE, no deberían estar presentes en las aguas depuradas. El debate es tal, que el Parlamento Europeo ha pedido un nuevo informe para conocer cuál es el alcance real de la aplicación de la mencionada normativa.
Nuevo tratamiento de aguas residuales urbanas: ¿quién pagará los costes?
Siete organizaciones han presentado este martes un informe que respalda la necesidad que existe de revisar la aplicación de la Directiva europea de Aguas Residuales y reclaman una transposición prudente y jurídicamente sólida, que además está basada en evidencia científica.
El documento ha sido elaborado por AELMHU, AESEG, anefp, AseBio, BioSim, Farmaindustria y STANPA, que son los representantes nacionales del sector de los medicamentos y cosméticos, en colaboración con la consultora PwC.
El mismo analiza el impacto y los nuevos desafíos regulatorios, económicos y operacionales que tendrá la Directiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas del 27 de noviembre de 2024.
El debate se complica
El informe llega en medio de un debate a nivel europeo sobre la aplicación del régimen de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) que está previsto en la norma. Según las asociaciones, el texto ‘analiza las implicaciones de la Directiva que eleva las exigencias aplicables a la depuración de las aguas residuales urbanas e introduce un nuevo régimen de RAP para medicamentos de uso humano y para los productos cosméticos’.
La Directiva contempla la implantación progresiva de un tratamiento cuaternario que busca eliminar los microcontaminantes de las aguas residuales urbanas y, mediante la RAP, traslada al menos el 80 % de los costes de dicho tratamiento a los productores.
La nota recuerda que estas imposiciones tienen plazos perentorios, ya que España deberá transponer la Directiva antes del 31 de julio de 2027 y tener implantado el régimen de RAP antes del 31 de diciembre de 2028.
Un estudio independiente solicitado por el PE
El pasado 18 de junio, el Parlamento Europeo aprobó una moción solicitando a la Comisión Europea un nuevo estudio independiente para identificar los dos microcontaminantes presentes en las aguas residuales urbanas, verificar los costes del tratamiento cuaternario y analizar la correcta atribución de responsabilidades conforme al principio de ‘quien contamina paga’.
Este análisis detecta incertidumbres acerca del diseño y aplicación de la RAP que ‘impiden determinar con precisión la aplicación de los criterios de exención, así como el alcance real de las obligaciones y sus costes’ respecto al tratamiento de aguas residuales urbanas, sostienen las organizaciones.
Entre ellas se encuentran la determinación de las sustancias que deberán tenerse en cuenta en el tratamiento de aguas residuales urbanas, los criterios para ponderar su peligrosidad, las condiciones de las exenciones o la delimitación de las zonas de riesgo. La aplicación de esos criterios será especialmente relevante para determinar qué productos quedan sujetos al nuevo régimen.
Exenciones y garantías al tratamiento de aguas residuales urbanas con aplicaciones poco claras
La Directiva prevé exenciones para aquellos productos cuyas sustancias sean rápidamente biodegradables, para las que no generen microcontaminantes en las aguas residuales al final de su vida útil o las que se constaten en función de las cantidades puestas en el mercado, aunque no precisa cómo deberán aplicarse estos criterios.
También establece que los Estados miembros deberán tener en cuenta la necesidad de garantizar la disponibilidad, la accesibilidad y la asequibilidad de los medicamentos, sin concretar cómo deberá articularse este principio en la aplicación del nuevo régimen en cuanto al tratamiento de aguas residuales urbanas.
Según concluye el informe, la implantación del tratamiento cuaternario plantea una serie de ‘retos técnicos y económicos importantes’, sobre todo en un contexto de experiencia limitada en España, y remarca la necesidad de que la transposición aporte ‘claridad y seguridad jurídica’.
