Según la nueva Directiva revisada, los Estados miembros deben recoger y tratar las aguas residuales de todas las aglomeraciones urbanas que tengan más de 1 000 habitantes equivalentes (una medida utilizada para calcular la contaminación de las aguas residuales urbanas) con arreglo a las normas mínimas de la UE (en lugar del umbral de 2 000 habitantes equivalentes establecido en la normativa anterior).
Para abordar mejor la contaminación y evitar los vertidos al medio ambiente de aguas residuales urbanas no tratadas, todas las aglomeraciones urbanas de entre 1 000 y 2 000 habitantes equivalentes deben disponer de sistemas de colectores y todas las fuentes de aguas residuales domésticas deben estar conectadas a estos sistemas a más tardar en 2035.
En el caso de esas aglomeraciones urbanas, los Estados miembros tendrán que eliminar, de aquí a 2035, la materia orgánica biodegradable de las aguas residuales urbanas (tratamiento secundario) antes de verterla al medio ambiente.
A más tardar en 2039, la eliminación de nitrógeno y fósforo (tratamiento terciario) será obligatoria para las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas que traten aguas con una carga igual o superior a 150 000 habitantes equivalentes. Para esas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas, de aquí a 2045 los Estados miembros tendrán que aplicar un tratamiento adicional para eliminar los microcontaminantes, conocido como tratamiento cuaternario.
Las aguas residuales urbanas son un problema al que se le debe encontrar solución. Los eurodiputados dieron el 11-04-2024, su visto bueno a la nueva normativa sobre recogida, tratamiento y vertidos de las aguas residuales urbanas.
Nuevos parámetros para las aguas residuales urbanas
El pleno aprobó, con 481 votos a favor, 79 en contra y 26 abstenciones, el acuerdo alcanzado con el Consejo de la UE en enero, para actualizar los estándares sobre la gestión y tratamiento de las aguas residuales urbanas, con el objetivo de mejorar la protección de la salud pública y el medio ambiente.
Para 2035, las aguas residuales urbanas deberán ser sometidas a tratamientos secundarios (es decir, la supresión de la materia orgánica biodegradable) antes de su vertido al medio ambiente, en todas las aglomeraciones a partir de 1 000 habitantes equivalentes (unidad de medida estándar que describe la contaminación media emitida por una persona al día).
Para 2039, el tratamiento terciario (para la supresión de nitrógeno y fósforo) deberá aplicarse en todas las plantas de tratamiento de aguas que cubran a partir de 150 000 habitantes equivalentes, y para 2045 desde 10 000 habitantes equivalentes.
Un tratamiento adicional para retirar microcontaminantes (tratamiento cuaternario) será obligatorio para las plantas que traten aguas residuales urbanas a partir de 150 000 habitantes equivalentes (y más de 10 000 habitantes equivalentes basado en una evaluación de riesgo) para 2045.
Se endurecerá la vigilancia de varios parámetros de salud (como virus conocidos y patógenos emergentes), de los contaminantes químicos, incluidas las sustancias que permanecen largo tiempo en el agua (como las perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS)), los microplásticos y la resistencia antimicrobiana.
La norma introduce el principio de responsabilidad ampliada del productor para los productos medicinales para uso humano y los cosméticos, para cubrir los costes del tratamiento cuaternario (para eliminar los microcontaminantes). Al menos el 80 % del coste correrá a cargo de los fabricantes, suplementado por financiación nacional.
Las autoridades nacionales deberán promocionar la reutilización de las aguas residuales urbanas tratadas en plantas, en especial en zonas con estrés hídrico.
