La rehabilitación favorece la economía local y no a los grandes promotores, por eso no interesa

En el resto de Europa hace cuarenta años que la mitad del dinero que mueve el sector vienen de la obra nueva y la otra mitad del mantenimiento del parque de edificios existente. Aquí, en el momento en que se ha hecho más rehabilitación hemos llegado como máximo al 20%. Actualmente, aunque de obra nueva prácticamente no se hace, tampoco ha subido la rehabilitación.

¿Tenemos un marco legal que favorece la rehabilitación?
No la favorece, de hecho más bien pone trabas. El marco que regula el sector de la edificación, dentro del cual está la rehabilitación, está pensado para que las ciudades y sus poblaciones crezcan. El planteamiento legal que tenemos se puede explicar haciendo una analogía con el mundo de los coches. Es como si la norma que regula todos los detalles de la fabricación de automóviles se aplicara al mundo de los talleres mecánicos. Todo el mundo entiende que una actividad es construir y otra diferente es rehabilitar, pero en la visión legal que existe en España sobre el tema, la segunda se mantiene como un apéndice de la primera. Mezclarlo ha creado distorsiones y explica el retraso del país en este campo.

¿España es una excepción en este sentido?
En el resto de Europa hace cuarenta años que la mitad del dinero que mueve el sector vienen de la obra nueva y la otra mitad del mantenimiento del parque de edificios existente. Aquí, en el momento en que se ha hecho más rehabilitación hemos llegado como máximo al 20%. Actualmente, aunque de obra nueva prácticamente no se hace, tampoco ha subido la rehabilitación.

¿Estamos en la cola de Europa?
Sí, en este tema estamos totalmente fuera de juego, más atrás incluso que los otros países del sur.

- Advertisement -

¿Cuáles serían las causas profundas de lo que está describiendo?
Hay una continuidad histórica que nunca se ha roto. La llegada de la democracia introdujo un cambio en muchos temas, pero hay muchas leyes franquistas aún en vigor porque no se produjo ninguna ruptura. Como el país no hizo tabula rasa, en muchos ámbitos las cosas se quedaron más o menos como estaban. En el sector del que estamos hablando se fueron adaptando las leyes, como la del suelo, que se modificó, pero manteniendo una forma de funcionar que los grandes intereses económicos les iba muy bien. El sector de la construcción ha sido en este sentido un ejemplo claro. De hecho es donde la cultura del pelotazo ha tenido más posibilidades. La rehabilitación es una víctima de esta cultura hegemónica porque no da dinero a los grandes promotores como sí lo hace por ejemplo una promoción de 200.000 viviendas.

La rehabilitación da más juego a otro tipo de economía …
Efectivamente, una de las virtudes de la rehabilitación es que reactiva la economía local. Es otra escala que permite trabajar a los profesionales de cada lugar. Por otra parte, en este país tenemos unos niveles de paro sorprendentes. En los momentos de prosperidad económica había unos porcentajes tan elevados como los que tienen otros países en plena crisis. Y este esquema de paro estructural está muy relacionado con el modelo de crecimiento basado en la gran construcción.

Entramos en detalle en el marco legal sobre la rehabilitación. ¿Qué normas hay que tener en cuenta?
Lo primero que hay que subrayar es, como he dicho anteriormente, la falta de normas específicas para la rehabilitación. Las normas que le afectan tienen que ver con la construcción. La Ley de ordenación la edificación (LOE) es nuestro marco. De la LOE deriva el conocido Código Técnico de la Edificación (CTE) que salió en 2007 y define los detalles de cómo se debe construir así como las características que deben tener los edificios nuevos. El CTE cuando habla de estas características hace el añadido de «y també para los edificios existentes». Esta frase es un problema porque si no existiera, querría decir que la rehabilitación estaría desregulada, lo que nos permitiría trabajar libremente. Desde el momento en que hay esta frase, todos los técnicos municipales han de hacer cumplir el CTE al dar licencias de obras de rehabilitación, lo que ha frenado muchas iniciativas en este ámbito porque a menudo el cumplimiento es imposible debido a las características de muchas edificaciones antiguas, algunas de las cuales pertenecen al patrimonio.

¿Por lo tanto este sencillo añadido ha sido un gran error?
Extender los parámetros de la obra nueva en los edificios existentes, así genéricamente, ha sido una losa sobre el sector de la rehabilitación que ha frenado muchísimos proyectos. El mensaje de fondo al propietario que ha querido rehabilitar es «como no puedes llegar a lo que el CTE te está pidiendo, mejor no hagas nada». La reciente modificación del CTE pretende resolver este problema introduciendo más flexibilidad y habla de «mejor en el grado de lo posible», pero creo que la solución pasaría por decir «y no se de aplicació a los edificios existentes».

¿Ha habido una mejora, a pesar de todo?
Lo valoro como una cierta mejora porque significa pasar de estar atado de pies y manos a tener un margen para actuar. Ahora, es una mejora muy relativa porque nos vuelve a la situación anterior a 2007 cuando no había el primer CTE. En definitiva no hemos avanzado mucho.

¿Cómo valora la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana?
La valoración de la ley 8/2013 de entrada no es negativa: es un primer paso necesario, si bien insuficiente. Como mínimo, y por primera vez, el legislador ha entendido que tenía que hacer una ley pensando en la rehabilitación y olvidándose de la obra nueva. La ley contempla la rehabilitación a nivel de tejido urbano. El legislador ha planteado facilitar las grandes operaciones de rehabilitación de edificios y actuaciones potentes a nivel de barrio. Desde algunos medios sociales se ha criticado y con razón que favorece los grandes inversores y que no se contemplan las dificultades sociales que puedan tener las personas para afrontar los gastos de rehabilitación. Se han centrado de nuevo en los grandes promotores para que puedan hacer negocio, lo que no es malo en sí mismo, pero se deja de lado la problemática social. Como la construcción nueva ya no ofrece posibilidades al gran capital se le abre ahora esta vía. No es que haya una mala intención del legislador porque el objetivo es eliminar obstáculos para poder hacer rehabilitación a gran escala. Tengo que decir que el Ministerio llamó una serie de expertos para consultarnos a la hora de elaborar esta ley. Mantuvimos unas reuniones con ellos y nos dimos cuenta de que había un enfoque poco ligado a la problemática en todas sus dimensiones. Por otra parte, todavía no podemos ver de manera práctica las virtudes de una ley que, de momento, aún no se ha desarrollado en reglamentos.

¿Dígame un aspecto fundamental que debería establecer una futura ley de rehabilitación?
La ley que se tiene que hacer debería señalar unos parámetros mínimos de prestaciones de los edificios y, si no se cumplen, pues hay que derribar. Pero estaríamos hablando de casos extremos como techos de 1,50 de altura, es decir de unos mínimos de habitabilidad que ya están regulados por las comunidades autónomas. La ley debería establecer el umbral de cuán malos pueden ser los edificios y si un edificio está por debajo del umbral pues esto es inaceptable. De hecho el 99% de los edificios existentes estarían por encima de este umbral mínimo, en este sentido son recuperables y pueden ser objeto de rehabilitación.

Hablar del marco legal en este país es hacerlo también de la conflictividad entre normas estatales y autonómicas. Supongo que en el ámbito de que estamos hablando esto también ocurre.
El choque de legislaciones es constante. Por ejemplo, la ley 8/2013 está recorrida por Cataluña y por otras comunidades. Los motivos por los que la Generalitat ha recurrido esta norma son razonables, pero son más políticos que otra cosa, y están lejos de los intereses de la ciudadanía. En estos momentos Cataluña tiene legislada una Inspección Técnica de los Edificios (ITE) y al mismo tiempo Madrid ha establecido un sistema de inspección de edificios para todo el estado que homogeneiza la información a recoger. Si tú como persona privada me pides que haga una inspección técnica de tu edificio yo no sé si lo tengo que hacer con la ley española o la catalana. Lo que sé es que si vas a solicitar ayudas a la Generalitat para este edificio, la administración catalana te pedirá que presentes la inspección española porque si no Madrid no le pasará las dinero de la ayuda! Y entonces la pregunta es: y yo qué culpa tengo de todo esto? Aclararos y dejadme trabajar!

Y en este esquema qué margen queda para los municipios?
Las leyes son a nivel estatal y autonómico y los ayuntamientos les queda un margen muy reducido para legislar que ahora mismo se reduce a aspectos accesorios, ninguno fundamental. Hemos hablado de todas las dificultades que ponen las leyes y los municipios no las pueden evitar a través de sus propias normas porque no pueden contradecir las normas superiores. Un ámbito donde pueden hacer mucho es ayudando a los ciudadanos, creando una oficina de información sobre las normas y las subvenciones existentes. Durante un tiempo los ayuntamientos generaban unas ayudas complementarias para zonas prioritarias de rehabilitación pero ahora con la situación económica y financiera no lo pueden hacer. Los ayuntamientos también pueden entrar en el concepto de regeneración urbana. Estamos hablando de mejorar el tejido urbano existente que incluye edificios, espacios públicos, y cohesión social. Es otra escala y otro planteamiento que en Cataluña tuvo un ejemplo, alabado por todos, que fue la ley de barrios, ley que desgraciadamente se terminó por la crisis. La rehabilitación de los edificios no era la parte principal pero quedaba incorporada dentro de una visión vanguardista de mejora de la ciudad.

¿Como se afronta en el resto de Europa el reto de la rehabilitación?
Hay varios referentes, el más conocido en estos momentos es el británico con una iniciativa llamada green deal que es una gran apuesta dirigida a reducir los consumos energéticos a través de una buena financiación, que es la gran solución. Hay una aportación económica privada por parte de los propietarios, una aportación del estado y una parte las compañías energéticas con la idea de que a medio plazo todo el mundo gane. Un aspecto interesante es que la administración invita a fabricantes de productos que tengan que ver con la mejora energética (ventanas, cristales, aislantes) a acreditarse en el sistema green deal, por lo que se controla que los recursos empleados sean eficaces. Lo mismo se hace con las empresas constructoras. En pocas palabras no quieren ni empresas, ni profesionales, ni productos piratas. Los británicos han intentado hacerlo muy bien, aunque han tenido que llevar a cabo algunos ajustes en el método. Lo importante no son los errores sino esta voluntad de ir corrigiendo y mejorando el sistema sobre la marcha.
En Francia la cuestión se enfoca de manera diferente. El presidente Hollande ha planteado rehabilitar medio millón de viviendas al año y la ministra de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, Ségolène Royal, está impulsando la política a través de grandes subvenciones estatales que pueden llegar al 50% del coste de la obra. A esto hay que sumar y un ejército de expertos que recorren el país y van a «vender el producto» y lograr que las comunidades de propietarios se apunten a la rehabilitación.

¿Hablaba antes de la financiación como solución. Lo puede ampliar?
Aquí, a pesar de la ley que se ha aprobado, no se da ni un duro para facilitar la rehabilitación. Junto con la ley 8/2013 debería haber llegado un paquete de financiación, y no lo hay. Una norma como esta no puede ser operativa sin recursos detrás, especialmente porque va dirigida a un sector económicamente hundido. Otra cosa que ha pasado en nuestro país es que, durante el tiempo que se dieron subvenciones, muchas llegaban a gente que no las necesitaba. La razón es que los procedimientos eran tan complicados que sólo los llevaban a cabo personas con recursos que pagaban un gestor para que los tramitara hasta que alcanzaban la subvención. Estas personas se podían pagar las obras de rehabilitación y el dinero de la subvención los usaban para comprarse un coche nuevo. Pura perversión.

ARTÍCULOS RELACIONADOS
- publicidad -

Otras noticias de interés