Lio con la cantera de Morón

En concreto, fue allá por 1985 cuando las autoridades aprobaron esta concesión administrativa para que la empresa Sidemosa explotase cuatro cuadrículas mineras en este espacio de la Sierra de Esparteros, en Morón, toda vez que en 1996 la superficie de la explotación fue ampliada a nueve cuadrículas mineras.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reclamado de nuevo a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el «expediente administrativo» relativo a la autorización de la prórroga de 30 años solicitada por la compañía Sierra de Morón S.A. (Sidemosa), para continuar explotando como cantera la sierra de Esparteros, en Morón de la Frontera (Sevilla). Tras expirar «en exceso» el plazo concedido para remitir el expediente, el TSJA avisa de posible «multa a la autoridad o funcionario responsable» en caso de no ser enviada la documentación.

A través de una diligencia de ordenación fechada el 17 de julio y recogida por Europa Press, la Sección Primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA expone que ha «transcurrido en exceso el plazo concedido a la Administración» para remitir «el expediente administrativo con su ampliación, sin haber sido recibido», por lo que reitera su «reclamación, bajo la prevención de que caso de no efectuarlo en el plazo de diez días, se impondrá a la autoridad o funcionario responsable una multa de 300,51 a 1.202,2 euros».

En concreto, fue allá por 1985 cuando las autoridades aprobaron esta concesión administrativa para que la empresa Sidemosa explotase cuatro cuadrículas mineras en este espacio de la Sierra de Esparteros, en Morón, toda vez que en 1996 la superficie de la explotación fue ampliada a nueve cuadrículas mineras.

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Pero después, Sidemosa solicitó una prórroga de la concesión administrativa ante la expiración de la misma. La prórroga cuenta con una declaración de impacto ambiental que declara «viable» la continuidad de las labores de extracción, estipulando eso sí toda una serie de condiciones. «El proyecto de prórroga supone una superficie de actuación superior a la del proyecto original (…), si bien las labores mineras proyectadas suponen una continuidad del mismo dentro del perímetro del Plan de Restauración aprobado en fecha 19 de octubre de 2002», figura en la declaración de impacto ambiental, recogida por Europa Press.

PRÓRROGA AUTORIZADA

El pasado 19 de febrero de 2014, según una comparecencia parlamentaria de la consejera en funciones de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo «dictó resolución favorable otorgando una prórroga del periodo de vigencia de la concesión de la explotación», extremo que despertó no pocas protestas entre los colectivos ecologistas. La consejera, en ese sentido, defendía que la concesión administrativa cuenta con «medidas compensatorias para la zona de monte».

La consejera explicaba que a través de esta prórroga, y por motivos de seguridad», la superficie del yacimiento pasa de las 19,5 hectáreas actuales a un total de 20 hectáreas. «Lógicamente, el trámite de evaluación de impacto ambiental contempla medidas compensatorias para esta zona de monte. La actividad se centra en finalizar la explotación sobre los bancos actuales y avanzar la extracción del recurso en profundidad, 40 metros por debajo de la actual plaza de cantera», explicaba la consejera esgrimiendo la obligatoriedad de acometer «labores de restauración de manera simultánea a las labores de extracción».

Ecologistas en Acción, no obstante, avisaba en aquellos momentos de un posible «trato de favor» hacia Sidemosa en la declaración de impacto ambiental, pues la misma omitiría «las especies de fauna que se verán afectadas gravemente en caso de que se reabra la cantera» y no incluiría ningún «informe geológico o hidrológico independiente sobre el acuífero que hay bajo de la cantera, tomando como válido el presentado por la empresa», entre otros aspectos, extremo que llevó a los ecologistas a elevar el caso a los tribunales.

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