¿Qué era “Castor”?
El llamado proyecto Castor tenía como fin construir el quinto depósito más grande de España de gas natural (con una capacidad máxima de 1900 millones de m3), frente a las costas de Tarragona y Castellón, aprovechando las instalaciones de petróleo de un yacimiento agotado llamado Amposta (abandonado desde 1970).
El funcionamiento debía ser el siguiente: desde Vinaroz saldrían 30 km de gaseoducto y conectarían la red estatal con la plataforma marina. Se inyectaría el gas a presión desplazando el agua y quedando atrapado en dicho lugar, gracias a que los estratos superiores están compuestos de rocas impermeables y de ese modo se sellaría el depósito.
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El proceso de recuperación también se haría por inyección, esta vez de agua, lo que permitiría extraer el gas, hacerle los tratamientos adecuados para recuperar su pureza y devolverlo a la red general. Otro de los factores que se tuvo en cuenta, fue que una parte del gas debía quedar atrapado y sería irrecuperable, pero era un costo asumido y se le llamaba gas de “colchón”.
¿Qué falló?
La concesión del proyecto Castor le fue otorgada a la empresa Escal UGS (67 % perteneciente a la conocida ACS de Florentino Pérez y 33 % de la Dundee Energy de capital canadiense) en mayo de 2008. Cuatro años después la compañía estaba procediendo a la inyección de las primeras cuotas de gas.
A los pocos días del comienzo de la gestión de llenado, en las inmediaciones del depósito hubo un terremoto de 3,1 (escala Ritcher). Luego se sucedieron una serie de pequeños sismos (más de cien) que tanto la empresa como los observatorios consideraron normales, ya que se situaban entre el 1 y el 2 de la mencionada escala.
El problema surgió cuando el 1/10/2013 un terremoto de 4.2 (escala magnitud de momento) afectó a la zona de Las Casas de Alcanar, Cálig, San Carlos de la Rápita, Alcanar, Cervera del Maestre, Peñíscola, Benicarló y Vinaroz y provocó la alarma general.
Por esta razón los trabajos de inyección fueron suspendidos y el cese de actividades controlado por personal de la Guardia Civil. Los estudios confirmaron la relación directa que existía entre los movimientos sísmicos y las actividades en la plataforma.
A finales del año 2014 el Proyecto Castor fue definitivamente liquidado y el Gobierno Español le pagó a Escal UGS más de 1350 millones de euros por concepto de indemnización, acción que provocó la indignación general, ante la rápida acción compensatoria en un momento de enorme crisis del país. Hasta los eurodiputados han pedido explicaciones de lo que consideran podría ser una “ayuda ilegal del Estado”.
¿Y ahora qué?
Por un lado la empresa ACS se enfrenta a una demanda interpuesta por su socio canadiense ante la CIC (Cámara Internacional de Comercio) ya que la parte proporcional que les hubiera correspondido del monto percibido del estado español como compensación, jamás les fue entregada. Reclaman así mismo, varios ítems que consideran no fueron cubiertos por la suma entregada.
A nivel nacional, en el juzgado de Vinaroz se ha abierto una causa que involucra a 18 personas que ya han sido imputadas, por atentado contra los recursos naturales y el medio ambiente y presunta “prevaricación medioambiental”. Los responsables de la empresa Escal UGS y del IGM (Instituto Geológico y Minero) dependiente del Ministerio de Industria, tendrán que responder ante el juez por los cargos mencionados.
La denuncia partió directamente de la Fiscalía del Estado y se centra en los informes que en el año 2007 se emitieron al respecto de la viabilidad del mencionado proyecto Castor. Es importante destacar que desde que comenzó a hablarse de este “plan de acopio de gas”, varias plataformas de defensa del medio ambiente denunciaron que no existía una evaluación seria del impacto medioambiental que podría tener la ejecución de dicha obra.
En medio de todos estos problemas de denuncias y demandas, desde el Gobierno se han hecho oír varias voces que siguen a favor de que el proyecto Castor renazca de sus cenizas y sea reabierto su depósito, siempre que haya estudios serios y confiables en que éste será viable y rentable.
Para ello se debería volver a conceder la explotación de dicho depósito, que en la actualidad se encuentra en estado de “hibernación”. En definitiva, si se realiza el mencionado estudio, el Consejo de Ministros tomará la decisión de desmantelar la planta o llamar a concurso para su reapertura.
Además de los millones desembolsados para resarcir a la empresa de sus pérdidas, se calcula que del bolsillo de los consumidores salieron alrededor de 4500 millones de euros más (cifras manejadas por la OCU) en subas de gas a los consumidores y bajas en la demanda.
En resumen, el Proyecto Castor todavía da sus últimas bocanadas: lo preocupante es que aún ante las evidencias de su inviabilidad, las irregularidades en su concesión y el hecho de haber sido indemnizada la empresa que organizó todo el tinglado, todavía hay quienes están buscando la forma de acercarle un equipo de emergencias y volverlo a la vida.
