La prórroga a Ence el ‘filo’ de la legalidad

En este sentido, en una entrevista concedida a la Radio Galega recogida por Europa Press, ha recordado que «Ence, o directivos de Ence» ya fueron condenados por delito ecológico en 2002, pero ha objetado que tendría que conocer el procedimiento completo para «tener una opinión fundada» sobre la prórroga.

El fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha opinado este jueves sobre la prórroga concedida a Ence para continuar 60 años en su actual ubicación en la ría de Pontevedra para considerar que se trata de un asunto «muy controvertido» tanto «socialmente» como «jurídicamente», pero ha aseverado desconocer si «un gobierno en funciones lo puede hacer o no».

En este sentido, en una entrevista concedida a la Radio Galega recogida por Europa Press, ha recordado que «Ence, o directivos de Ence» ya fueron condenados por delito ecológico en 2002, pero ha objetado que tendría que conocer el procedimiento completo para «tener una opinión fundada» sobre la prórroga.

«Como fiscal, no soy capaz de decir si un gobierno en funciones lo puede hacer o no», ha remarcado el también presidente de la Unión Progresista de Fiscales, máxime a la vista de que «algo que parece más sencillo», como si un gobierno en funciones tiene o no que someterse a las cámaras, está actualmente «en discusión».

En otro orden de cosas, ha vuelto a demandar la creación de una Fiscalía Anticorrupción en Galicia, tras admitir la controversia que supone que decidan su apertura los mismos que podrían «ser investigados» por ese órgano. «Por eso propugnamos la autonomía de la Fiscalía del Ministerio de Justicia», ha explicado, tras señalar que ambas instituciones tienen «intereses absolutamente ajenos».
DIVISIÓN DE PODERES

Al hilo de ello, García Ortiz ha enfatizado que sí existe «división de poderes» en España, aunque exista, «como en todas las partes del mundo», una «tensión» entre los poderes.

Dicho esto, acerca de la influencia de las decisiones de los jueces en la vida política, ha apelado una vez más a diferenciar las responsabilidades políticas de las judiciales. «Hay comportamientos que son moralmente inadmisibles y otros que son penalmente reprobables», ha distinguido, al tiempo que ha subrayado que no se puede atribuir a los magistrados el juicio sobre los primeros.

En el caso concreto del exsecretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, quien denunció a la jueza Pilar de Lara por la decena de delitos que le atribuye en dos causas abiertas contra él, este fiscal ha restado importancia al caso: «son manifestaciones lógicas de quien se siente investigado y tuvo que tomar decisiones personales supongo que dolorosas».

Más allá de eso, lo que ha defendido es que «el sistema de recursos y de garantías de un ciudadano se active de manera inmediata» y que el proceso «sea rápido».
CAMBIOS EN EL SISTEMA

Adicionalmente, García Ortiz ha reclamado un cambio en el sistema que «devuelva a los jueces su espacio natural», el de juzgar, y traspase las instrucciones a los fiscales.

«Queremos una Ley de enjuiciamiento criminal que modifique el reparto de papeles», ha insistido, al tiempo que ha reclamado más «medios» para la Justicia.

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