Andalucía fija el calendario de reuniones para recurrir contra el gas en Doñana y dice que «ni un metro» atravesará el espacio

«Mientras estemos aquí, ni un metro de ese proyecto va a atravesar Doñana, tenemos herramientas para ello y el espacio llega hasta donde llega. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que la iniciativa no se lleve a cabo en su conjunto, y hay argumentos para presentar recurso», ha desvelado Fiscal durante una comparecencia a petición de Podemos en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha insistido en que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales para paralizar en el ámbito de sus competencias el proyecto del gas en el entorno de Doñana. Para ello, se ha fijado un calendario de reuniones, entre técnicos y juristas, que servirá para sentar las bases de lo que puede ser un futuro recurso contencioso administrativo con el requerimiento previo a la administración del Estado que contempla la ley.

«Mientras estemos aquí, ni un metro de ese proyecto va a atravesar Doñana, tenemos herramientas para ello y el espacio llega hasta donde llega. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que la iniciativa no se lleve a cabo en su conjunto, y hay argumentos para presentar recurso», ha desvelado Fiscal durante una comparecencia a petición de Podemos en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz.

El consejero ha recordado que la Junta ha pedido en un escrito al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la modificación de las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental que amparan los cuatro subproyectos –Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar– y a que instara al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a que llevara a cabo la paralización del denominado Marismas Occidental y una evaluación conjunta de dichos proyectos.

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Según Fiscal, los argumentos para ello están recogidos en sendos informes del Defensor del Pueblo en España y del Defensor del Pueblo Andaluz, así como en la respuesta a éste último del delegado institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Extremadura y Andalucía, Miguel Ferrer.

El consejero ha informado que a este escrito el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha contestado recientemente denegando el inicio de este expediente y exponiendo, entre otras razones, que no se ha producido un fraccionamiento en cuatro del proyecto, «sino muy al contrario, y de manera sorprendente, que han sido agrupados en cuatro para un mejor análisis de los impacto acumulativos».

También argumenta que no se accede a la modificación de las declaraciones de impacto porque alega que en la misiva enviada por el Ejecutivo autonómico no se enumeran las condiciones que han cambiado y que motivarían dicha modificación, algo que, según Fiscal, no es exacto, «ya que sí se alude a los dos grandes problemas, que son el riesgo sísmico y la afectación del acuífero». En la respuesta ministerial a la Junta se informa también que se ha dado traslado al órgano sustantivo, el Ministerio de Energía, de la inexistencia de estudios sísmicos completos.

Igualmente, el Defensor del Pueblo Español ha solicitado al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los cuatro subproyectos que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, además de sugerir que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas. De esta manera, se pretende valorar las distintas alternativas al almacenamiento de gas y garantizar que Doñana y su entorno no se vea negativamente afectado por la inyección y almacenamiento de gas.

LA JUNTA «DESCONOCÍA EL EFECTO AMBIENTAL» DE LOS PROYECTOS

Este organismo se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los cuatro subproyectos, todo ello tras analizar la información remitida por el Instituto Geológico y Minero de España en la que se advertía de la «insuficiencia» de la evaluación ambiental de los mismos por separado. También generaba dudas sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados, además de considerar que las evaluaciones individuales de los mismos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero.

Respecto a la Autorización Ambiental Unificada (AAU) concedida por la Junta al subproyecto Marismas Occidental, Fiscal ha dejado claro que sus instalaciones no se encuentran dentro de los límites del Espacio Natural de Doñana, que los requisitos ambientales venían avalados por contar con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) publicada en el Boletín Oficial del Estado y que la AAU favorable se emitió por la Consejería el 15 de noviembre de 2010, mes y medio después de la DIA del Estado.

En relación a las declaraciones de impacto ambiental de los tres subproyectos, no se publican hasta 2013, por lo que la Junta «desconocía el efecto ambiental de los cuatro proyectos». En este sentido, el titular andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha afirmado que, de haber tenido conocimiento de los mismos, se hubieran tratado en un solo bloque «y probablemente dicha AAU no hubiera sido positiva».

«INCONVENIENTES» Y «PERJUICIOS POTENCIALES»

En opinión del titular del Medio Ambiente este proyecto adolece de «muchos inconvenientes y perjuicios potenciales para Doñana y su entorno, una situación que el Gobierno andaluz quieren enmendar siempre dentro de los márgenes del estado de derecho y con el máximo respeto a las resoluciones judiciales».

Al recordar Podemos la existencia de una proposición no de ley que hace un año ya instaba a la paralización, Fiscal ha opuesto que «no había herramientas entonces» para ello y que se han dado en este intervalo de tiempo. «Somos un gobierno responsable de las decisiones que adoptamos, podemos equivocarnos pero lo hacemos desde la responsabilidad y con un mínimo de garantías de que puedan prosperar», ha dicho.

Por lo demás, Fiscal ha señalado que en este tema solo tiene «la postura de la ley y de la oposición al proyecto» y ha negado connivencia con la empresa –que ha manifestado públicamente que la iniciativa estará paralizada ‘de facto’ mientras no se concedan los permisos necesarios para Marismas Occidental y Saladillo– recordando la reclamación patrimonial por casi 400 millones que Gas Natural mantiene interpuesta contra la Junta. «Si quiere paralizarlo, no nos ataquen a nosotros, apunten a donde tienen que apuntar», ha indicado, en alusión al Estado.

«PELIGROSO POLVORÍN SÍSMICO»

De su lado, la parlamentaria de Podemos Mercedes Barranco ha recordado la existencia de informes que califican la zona afectada por el proyecto de gas como un «peligroso polvorín sísmico», afirmando que «según el sentido común este proyecto jamás debió autorizarse, ni plantearse siquiera, en un suelo tan delicado como el de Doñana».

Ha abundado indicando que, a su juicio, la Junta debería al menos haber estudiando las posibilidades de plantear un recurso contra la declaración de utilidad pública por parte del Estado de Marismas Occidental, así como proceder a la revisión de la AAU. Por último, ha lamentado que pese a los reiterados anuncios de la administración regional ésta se haya caracterizado por la inacción en este ámbito.

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