Para Greenpeace, este suceso demuestra que la energía nuclear es intrínsecamente insegura y muy cara.
Cuando se cumple el 30 aniversario del accidente en la central nuclear de Vandellós I (Tarragona), Greenpeace recuerda que la ciudadanía sigue pagando todavía las consecuencias de un accidente que pudo ser toda una catástrofe.
La noche del 19 de octubre de 1989 la planta atómica de Vandellós I sufrió un incendio provocado por un fallo mecánico en el generador que ocasionó varias explosiones.
 |
  |
La planta, operada en aquel entonces por la compañía Hispano-Francesa de Energía Nuclear S.A. (Hifrensa), llevaba 17 años en funcionamiento tuvo que cesar su actividad y el 31 de julio de 1990 cerró definitivamente.
En la actualidad está a cargo de la empresa pública Enresa y se encuentra en su nivel 3 de desmantelamiento del cajón del reactor. La última fase de clausura de la central será ejecutada en torno al año 2028.
“Tres décadas después del accidente Vandellós I sigue necesitando, financiación, gestión y seguridad. Esta es la realidad de la energía nuclear, con o sin accidentes, es muy cara e imprevisible”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, quien ha recordado que “los beneficios de las centrales nucleares se los llevan las empresas, pero sus errores los paga la ciudadanía”.
Al igual que en la central de Fukushima del accidente de Vandellós I se debió a los errores de los reguladores y de la industria nuclear, ya que varios años antes del accidente, en 1986, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ordenó a la empresa propietaria de la central (Hifrensa) que hiciera correcciones en el sistema de seguridad, pero tres años más tarde (cuando se produjo el accidente) todavía no las había hecho.
Según la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) que consta de siete niveles el accidente se clasificó como importante, con nivel 3.
El incendio se pudo controlar sin que se produjera un escape radiactivo al exterior, porque finalmente consiguieron llevar el reactor a parada fría. Desde 1998 el desmantelamiento corre a cargo de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).
El combustible gastado (uranio enriquecido) fue llevado a La Hague (Francia).
Enresa pagó 250 millones de euros hasta 2010 por este concepto, luego lo amplió por 194 millones de euros más hasta 2017 y desde entonces se paga una penalización de 75.000 euros diarios que serán devueltas a Enresa en el momento del último retorno de residuos, que con los acuerdos actuales debe ser a mediados de 2023
Enresa, bajo su actual Plan de Gestión de Residuos Radiactivos prevé y calcula los costes y financiación de entre otros los de Vandellos I. El Plan vigente está completamente desactualizado desde 2010, tiene severas carencias, y la propuesta que existe está en estos momentos paralizada por falta de un Gobierno que pueda tramitarlo.
Jornadas sobre Vandellós I
El próximo viernes 25 y sábado 26 de octubre Greenpeace y Ecologistas en Acción han organizado unas jornadas en Antiga Audiència de Tarragona para hablar sobre diferentes aspectos del accidente de Vandellós y la energía nuclear.
Las jornadas estarán abiertas a los medios de comunicación.
Las jornadas se abrirán con una conversación sobre el accidente entre Juan Antonio Cervantes Vendrá, capitán de bomberos que acudió al incendio en el año 1989 y Cinta S. Bellmunt periodista que cubrió el accidente, y se abordarán, entre otros temas, aspectos legales, médicos y de seguridad.
Fuente: Greenpeace
