“El progreso, si no es sostenible, no merece ser llamado progreso”, ha afirmado Pedro Sánchez semanas atrás durante la celebración de la COP25 en Madrid.
En el último tiempo, el mandatario se ha aferrado a la lucha contra el cambio climático para así poder concretar nuevos pactos que le permitieran, finalmente, alcanzar la investidura.
Entre ellos, el pacto de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que aboga por la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Como así también el acuerdo entre el PSOE y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) que entre sus puntos principales ha incluido una referencia a la oposición frontal a la permanencia de la compañía papelera, Empresa Nacional de Celulosas (Ence), en la ría de Pontevedra.
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Algo que ha tomado por sorpresa a la empresa, pero que permitiría poner fin a años de disputas entre el BNG, asociaciones ambientalistas como Greenpeace y Ence por la contaminación causada por esta última en Pontevedra.
El compromiso de Sánchez con esta causa quedó sellado en el pacto, pero ahora que ha sido investido, habrá que seguir de cerca el caso, para corroborar que las promesas se cumplan.
Ence desembarcó en Pontevedra durante el régimen franquista, a través de la adquisición de una planta de producción de celulosa junto a la Ría de Pontevedra.
Gracias a una concesión de Costas que expiraba en 2018, la fábrica fue construida en terrenos públicos, bajo la mirada atenta de los vecinos de Praceres que no tardaron en manifestar su descontento por la llegada de esta masiva factoría pastera.
Durante años, Ence ha enfrentado acusaciones de grupos ambientalistas y autoridades por la contaminación de las aguas de la ría con metales pesados como el mercurio. Cabe recordar que a la empresa también se la culpa de haber propiciado la expansión de las plantaciones de eucaliptos y a la propagación de incendios en Galicia.
Estos colectivos sociales y ambientalistas confiaban en que al menos, el vencimiento de la concesión en 2018 obligaría a reconsiderar la permanencia de la compañía en Pontevedra.
Sin embargo, en 2016, previa reforma a la Ley de Costas, el Gobierno de Rajoy le concedió una prórroga a Ence hasta el 2073. Una decisión recurrida por el Concello de la ciudad, la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) y Greenpeace, quienes se movilizaron activamente para alcanzar la anulación de la concesión.
Finalmente, el año pasado, la Abogacía del Estado, bajo la instrucción del Ministerio de Transición Ecológica, decidió rever esa autorización y concluyó que la decisión no fue conforme a derecho, aumentando la presión sobre la papelera para que traslade su planta de Lourizán.
Esta decisión ha sido celebrada por colectivos sociales, ecologistas y vecinales, y especialmente por Greenpeace, que en 2008 presentó un informe en el que se identificó a Ence como una de las empresas que más contaminan en Galicia.
Pero ahora, la polémica de Ence ha sumado un nuevo capítulo, luego de que el PSOE y el BNG acordaran “mantener una política de oposición frontal a la permanencia de Ence en la marisma de Lourizán e impulsar todas las medidas para alcanzar su traslado”.
Lo que ha aumentado la presión sobre Ence, que cerró el 2019 con un triste récord al coronarse como la compañía del Ibex con el peor desempeño bursátil.
Ahora, presionada por la firma de estos acuerdos que podrían condicionar la extensión de la prórroga, Ence intenta alertar sobre el ‘impacto improbable’ del cierre de su fábrica en Pontevedra y sobre la supuesta destrucción de empleo que esto causaría. No sorprende la actitud de la empresa, conocida ya por haber realizado fuertes inversiones publicitarias para lavar su imagen y pintarse ‘de verde’.
Pero a pesar de los argumentos que la empresa busca difundir a través de los medios de comunicación, lo cierto es que las autoridades tienen una oportunidad única para demostrar que su compromiso con el medioambiente es real y definitivo.
Tal como ha sucedido incluso en otros países, donde las autoridades han dejado en claro que su compromiso con el crecimiento económico y la integridad ambiental es real, al tomar medidas contra las empresas contaminantes.
Lejos de Pontevedra, en la ciudad de Pictou en la provincia canadiense de Nueva Escocia, Canadá, otra papelera que no es Ence, viene acumulando críticas.
Se trata de Northern Pulp, propiedad de Paper Excellence (PE), otra reconocida empresa de pulpa y papel del grupo Sinar Mas controlado por la familia Widjaja y acusada de numerosos actos de contaminación.
Desde 1967, se le ha permitido a Northern Pulp, la compañía de pulpa más importante de la ciudad, verter efluentes en Boat Harbour, el puerto de barcos del condado.
En 2014, la fábrica fue cerrada temporalmente, luego de que una ruptura de una tubería causara el derrame de más de 47 millones de litros de efluente de pulpa y papel sin tratar que cubrieron parcialmente un cementerio indígena y desembocaron en el puerto de Pictou.
Como consecuencia, la empresa fue obligada a pagar una multa de $ 225,000 de dólares canadienses y fue agregada al Registro de Infractores Ambientales.
En 2015, se le otorgó a Paper Excellence, actual propietario de la fábrica, un plazo de cinco años para encontrar un método alternativo para procesar el afluente.
A pesar de las reiteradas advertencias por parte del gobierno, en más de cinco años, Paper Excellence, no logró limpiar sus actividades alegando que no es posible eliminar los efluentes tóxicos de su proceso de fabricación en planta. La compañía, al igual que en el caso de Ence, intentó impedir que cerraran su fábrica al decir que esto derivaría en la eliminación de 300 empleos.
Pero a pesar de las amenazas sobre las consecuencias que tendría el cierre de la fábrica de pulpa y papel, el primer ministro de Nuevas Escocia, Stephen McNeil no cedió a las presiones y anunció que no le concedería una prórroga a Northern Pulp y llamó a la compañía a dejar de bombear aguas residuales en lagunas cerca de las comunidades indígenas antes del 31 de enero de 2020.
McNeil también anunció un fondo de transición de 50 millones para ayudar a los trabajadores afectados en el sector forestal en toda la provincia.
Tras el anuncio, Paper Excellence confirmó el cierre completo de la fábrica de Northern Pulp en enero y culpó al Departamento de Medio Ambiente de Nueva Escocia. Aún no queda claro qué sucederá con los más de 85 millones en préstamos pendientes que Northern Pulp aún le debe a la provincia.
Pero lo que sí ha quedado claro es que las promesas deben cumplirse, sobre todo cuando éstas guardan estrecha relación con la contaminación del medio ambiente.
Tal como lo han demostrado las autoridades canadienses, el momento de actuar es ahora y no se deben seguir otorgando plazos a compañías que desoyen las advertencias y no trabajan arduamente para limpiar sus actividades.
Ahora es el turno de las autoridades españolas, de seguir el ejemplo y animarse a ponerle un freno a quienes continúan contaminando. Tal como lo ha dicho Sánchez, el progreso debe ser sostenible.
