Lo harán con un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la aprobación definitiva en cuanto se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) y los colectivos ciudadanos agrupados en la Plataforma Zona Norte han anunciado este martes que recurrirán la inminente aprobación definitiva de la operación Madrid Nuevo Norte por el consejo de gobierno de la Comunidad, han informado estas entidades en un comunicado.
Ejecutarán esta decisión para tratar de frenar este «despropósito urbanístico que persigue ante todo asegurar un negocio especulativo» y dado que «la ciudad no necesita más especulación ni más urbanismo insostenible porque las carencias sociales no van a desaparecer con oficinas y viviendas de lujo».
A eso suman que «no existe ninguna evidencia de que esta operación vaya a generar los 250.000 puestos de trabajo prometidos». Consideran que, en las condiciones de absoluta excepcionalidad en que se encuentra el país en estos momentos, «cabría esperar que las administraciones regional y local de Madrid se abstuvieran de adoptar decisiones de este calado y con este grado de controversia social».
Los mismos colectivos recurrieron la aprobación inicial del Gobierno de Ahora Madrid en 2018 a la modificación puntual del planeamiento, contra la que se habían presentado 3.500 alegaciones, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) lo desestimó por considerar «que no era el momento adecuado ya que había que esperar a la aprobación definitiva».
Impactos medioambientales
Madrid Nuevo Norte, a su juicio, «establece una desmedida edificabilidad, sobre todo en uso terciario para oficinas –equivalente a unas 20 torres del tamaño de los cinco rascacielos existentes en la prolongación de La Castellana,– que producirá unos fuertes impactos medioambientales en toda la ciudad y en el espacio metropolitano», indican los colectivos que recurrirán la aprobación.
Además, estos colectivos afirman que «desaprovecha las posibilidades que ofrece este suelo estratégico, con gran potencial como parque de los distritos de Chamartín y Fuencarral para la creación de un corredor natural norte-sur, conectando la ciudad con el monte de El Pardo» y, en cambio, «maciza hasta la saturación con urbanización y edificación el espacio hasta tal punto que la zona verde debe implantarse sobre una losa de hormigón encima de las vías del tren porque no cabe en el resto de suelo».
Y «requiere la destrucción de infraestructuras y tejidos industriales en perfecto uso, siguiendo un modelo de hacer ciudad irracional e ineficiente basado en el derroche energético y de recursos».
También destacan que el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid «prometen 250.000 puestos de trabajo ficticios, porque simplemente se trasladarían puestos de trabajo si se realizara la operación, mientras destruyen tejido industrial real».
Otro de sus focos está en el equilibrio territorial. «A pesar de la gran oportunidad que supone el que la mayor parte del suelo (más del 70 por ciento) sea público, no se contempla la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler, la máxima prioridad social ante la actual emergencia habitacional madrileña , sino únicamente una parte de vivienda con algún grado de protección que no resulta asequible para las franjas sociales más desposeídas, en particular los y las jóvenes», agregan.
Tampoco se emplea «la abundancia de suelo disponible para reequipar los barrios adyacentes, algunos de ellos con serias carencias dotacionales (San Cristóbal, Fuencarral, Begoña…) sino que cumplen ramplonamente los estándares legales dotacionales».
Esto se traduce en «agravar los desequilibrios territoriales existentes, con un arco norte-noroeste de rentas medias-altas y concentración de actividades económicas y empleo de calidad, frente a un arco sur-sureste de barrios dormitorio y carencia de empleos».
Los futuros recurrentes han cargado contra la sociedad concesionaria, Distrito Castellana Norte, porque «sin haber realizado inversión ni obra alguna, va a recibir unos activos públicos a menos de la mitad de su precio de mercado y financiados a 20 años por la propia Administración, con el consiguiente quebranto de la hacienda pública».
Cambios sustanciales
Aunque de momento no se ha publicado el contenido de la Declaración Ambiental Estratégica emitida por la Consejería de Medio Ambiente al documento definitivo, sí se conoce el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, emitido con anterioridad a la aprobación inicial.
Ese documento de alcance, en su opinión. establece «una abundante cantidad de reparos y condiciones que no se han podido corregir por parte del Ayuntamiento de Madrid«, indican los futuros recurrentes, que sostienen que, si se hubieran corregido, los cambios habrían sido sustanciales por lo que el proyecto se debería haber sometido nuevamente a información pública.
Esos reparos afectan tanto al diseño como a los costes de urbanización «y cuestionan la viabilidad misma de una operación que, al estar pilotada por una sociedad privada cuyo interés es esencialmente lucrativo, ofrece un enorme margen de incertidumbre, sobre todo en términos de cargas ocultas a afrontar por las administraciones públicas».
