- Los gobiernos de todo el mundo están imponiendo medidas excepcionales para frenar el avance del coronavirus, demostrando que, cuando hay voluntad política, todos los esfuerzos son pocos cuando se trata de salvar vidas humanas.
- Solamente con solidaridad y poniendo la vida en el centro podremos salir de esta crisis, de la que podemos sacar enseñanzas de cara a futuras crisis que se avecinan, como la que ya está provocando el cambio climático en muchos lugares del planeta.
Tan sorprendente resulta la amenaza en sí misma como las drásticas medidas acometidas por los gobiernos de turno, que se traducen en un confinamiento de la ciudadanía, una gran reducción de la movilidad y una enorme reducción de la actividad económica que se limita a bienes y servicios de primera necesidad.
En España esto supone un drama humano para muchas familias que, privadas de sus medios de subsistencia, afrontan con miedo, resignación e incertidumbre los próximos meses, en tanto en cuanto se materialicen las ayudas prometidas por el ejecutivo como medida para paliar la crisis económica que se avecina detrás de la crisis sanitaria.
Pero si esta situación ya es dura en nuestro país, es inimaginable el sufrimiento que provocará en países con sistemas económicos y sanitarios más débiles, o en aquellos lugares donde existen campos de refugiados/as que viven en condiciones infrahumanas.
Ecologistas en Acción se solidariza con todas aquellas personas que, ya estando en situación vulnerable antes de la crisis, ahora se encuentran en verdadero estado de extrema necesidad.
Desde la organización se seguirá exigiendo al gobierno que no se olvide de las personas más vulnerables ni de las consecuencias a largo plazo, como así se refleja en el documento remitido al ejecutivo días antes de la declaración del Estado de Alarma, con “19 propuestas ambientales y sociales para dar respuesta a la crisis del coronavirus”.
Al margen de aquellas medidas que se están implantando ahora por parte de las diferentes Administraciones, que son evidentemente prioritarias y urgentes, es el momento de reflexionar sobre otras medidas que es necesario poner en marcha en cuanto los peores momentos de esta crisis hayan pasado.
Entre ellas, está la de aumentar el presupuesto para la sanidad pública en 2020 para que se garantice que ésta sea universal y de calidad, hasta llegar al menos al 7 % del gasto público y con el fin de alcanzar el 15 % al final de la legislatura, y recuperarse así de todos los recortes que ha sufrido en los últimos años.
Asimismo, revertir los procesos de privatización y externalización de la sanidad y del trabajo social en todos los niveles administrativos, exigiendo a los seguros y a los hospitales privados que asuman el coste del tratamiento del coronavirus, para que la sanidad privada se corresponsabilice de los enormes gastos que hasta este momento solo ha soportado el sistema de sanidad público, y no sólo sea partícipe del reparto de beneficios.
Y sobre todo, ello debería realizarse en previsión de futuras pandemias que seguramente se producirán en los próximos años, debido a los efectos colaterales de la globalización y del cambio climático.
Esto es, prevenir antes que curar, porque la amenaza es muy real y está ya pronosticada: hace años que la OMS viene advirtiendo de la posibilidad de una pandemia mundial devastadora, debido a un agente patógeno respiratorio de rápida propagación, y que viene aconsejando a los gobiernos que tomen medidas para fortalecer su sistema sanitario y social para paliar las consecuencias.
Con este fin cada año publica el informe anual «Un mundo en peligro», elaborado por la Junta de Monitoreo de Preparación Global (GPMB), pero en septiembre de 2019 la OMS se lamentaba de que prácticamente ningún país había tomado en consideración sus recomendaciones.
Para lograr este 15 % del gasto público en sanidad también se deberían aumentar los ingresos del Estado a través de medidas fiscales que repercutan en las grandes fortunas, y aumentando la lucha contra la evasión fiscal.
Dueños/as y accionistas de las grandes corporaciones son quienes más se han lucrado con el modelo de la globalización (responsable de la expansión del COVID-19), y por tanto son quienes más tienen que contribuir económicamente a paliar la crisis.
Además, se deben disminuir drásticamente aquellos gastos del Estado que son fuente de insostenibilidad y no repercuten en la calidad de vida de las personas, como las inversiones en grandes infraestructuras de transporte innecesarias, o el gasto militar: la crisis del coronavirus deja claro que la seguridad hoy en día no reside en la reserva armamentística que tenga un país, sino en que se dote de unos buenos servicios públicos.
En este sentido, es necesario mencionar lo preocupante que resulta el lenguaje claramente bélico que ha estado empañando las declaraciones del equipo de gobierno encargado de afrontar la crisis del coronavirus, comparando esta situación con una “guerra”, en la que “todos somos soldados” que debemos acatar las normas con “disciplina y obediencia ciega”, como si fuéramos “un ejército”.
Desde Ecologistas en Acción vemos necesario recordar a todas las personas que manejan esta crisis, ya sean militares o civiles, que las medidas excepcionales que se han tomado para intentar frenar al virus suponen un drástico recorte en las libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía, y que ésta las está acatando por el bien común, haciendo gala de una solidaridad y una responsabilidad social ejemplar, no por disciplina o por obediencia ciega.
Y es necesario recordar también que, desde luego, no es deseable para nadie que esta merma en los derechos y libertades se prorrogue ni un solo día más de lo imprescindible. Por tanto, esta crisis nos está enseñando que puede haber otra forma de hacer las cosas en este planeta: no por egoísmo, miedo u obligación, sino por solidaridad, por responsabilidad y por sentido del bien común.
Por otro lado, esta crisis también nos enseña que es perentorio mejorar la salud ambiental: la contaminación química, la mala calidad del aire o la contaminación del agua, además de provocar una gran cantidad de muertes prematuras al año, merman la salud de la población y nos hacen más vulnerables a infecciones como la que supone el COVID-19.
Por ello, se debe dar prioridad a actuaciones que mejoren el binomio salud y medio ambiente en todas las políticas públicas. También es urgente proteger y fomentar la biodiversidad, como una forma de incrementar la resiliencia de los ecosistemas naturales y humanizados ante infecciones y plagas, que con las dinámicas de la globalización y del cambio climático están siendo cada vez más frecuentes e intensas.
En este sentido, es patente que la disminución de la movilidad ya ha reducido los niveles de contaminación de forma drástica. Las medidas tomadas se han traducido en un enorme descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero, máximas responsables del cambio climático, y también de gases contaminantes nocivos para la salud.
La ONU considera que el cambio climático es más peligroso para la humanidad que el coronavirus y, por tanto, no debemos abandonar el estado de emergencia tras esta crisis.
No se trata de mantener las mismas restricciones a la movilidad que se han establecido ahora, pero sí es urgente establecer limitaciones a los medios de transporte más contaminantes, no solamente desincentivando el excesivo uso del coche particular en los desplazamientos por motivos laborales o personales, sino también ofreciendo alternativas de transporte menos contaminante, como los medios colectivos y públicos alimentados por energía eléctrica de origen renovable.
En concreto, en Extremadura se debería apostar de forma decidida por un tren público, que permita vertebrar esta comunidad autónoma.
Pero además, para lograr un descenso verdaderamente significativo de las emisiones no basta con lo anterior, sino que es necesario penalizar económicamente todas aquellas formas de movilidad o transporte no sostenible: por ejemplo, las aerolíneas low-cost, los cruceros y otras formas de turismo masivo que son responsables de la mayoría de las emisiones contaminantes.
Y también en el ámbito comercial y empresarial, estableciendo tasas medioambientales para la importación de ciertos productos, por ejemplo aquellos que ya se producen en el propio país, y presionando para que todos los barcos de mercancías tengan que regirse por una normativa ambiental y laboral única, en lugar de hacerlo según la bandera de conveniencia, pues de todos y todas son los mares por los que transitan y contaminan.
La crisis del virus ha puesto de manifiesto nuestra fragilidad económica y comercial, y los peligros de la globalización y de la extensión de pandemias; el comercio de mercancías producidas en centros industriales alejados agrava estas situaciones.
Para minimizar desplazamientos y dependencias del exterior cada municipio debería acometer su propio Plan General de Sostenibilidad, contando con la participación de la ciudadanía y el apoyo económico de las administraciones regionales y del gobierno central.
El objetivo sería el autoabastecimiento municipal de la mayor cantidad de productos básicos posibles, principalmente de alimentación y textiles. Y además esta producción debería realizarse de forma ecológica.
Defender el comercio local y los mercados de proximidad es la opción de consumo más justa, solidaria y ecológica, tanto por las ventajas ambientales que tiene (reducción de emisiones y ahorro de energía), como porque fortalecen las relaciones intracomunitarias y crean más empleo local diverso.
En Extremadura, es esencial este apoyo a la economía local, que revierte en la comunidad (por cada euro que se invierte se puede generar más del doble de ingresos locales que por el sistema globalizado actualmente imperante), y que supone una de las pocas salidas para un sector agrario en crisis desde hace años y abandonado al enorme poder que ostenta la industria y la distribución.
Los mercados locales son herramientas que facilitan que la agricultura sea rentable, y la viabilidad de la actividad agraria es clave para el mantenimiento de un medio rural vivo. A esta producción debería de sumarse la energética, mediante el autoconsumo y las cooperativas de producción de energía.
Nada va a ser igual tras esta crisis que, lamentablemente, es la primera de muchas que están por venir: crisis sanitarias, crisis energéticas y crisis económicas que evidenciarán la inviabilidad de un sistema basado en el crecimiento perpetuo, en la inagotabilidad de los recursos.
La sociedad está demostrando que está preparada para afrontar grandes retos y superarlos, pero es necesario hacerla más resiliente frente a los desastres, aumentando su capacidad de adaptación ante la mayor amenaza que se cierne sobre la humanidad, la crisis climática.
Fuente: Ecologistas en Accion
