El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible fija en 40 años la vida útil de las centrales nucleares, según anunció hoy la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, durante la recuerda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que evaluó esta normativa. Además, el Gobierno remitirá una ley para actualizar el régimen de responsabilidad civil nuclear.
«Ciframos la vida útil en 40 años y se establecen requisitos y condiciones estrictos para el caso en el que pudiera procederse a una posterior ampliación. Se aporta certidumbre y seguridad al sector», dijo.
No obstante, admitió que podrá haber «excepcionalmente» algunos casos en los que se pueda renovar la licencia de explotación de estas instalaciones una vez cubierta su vida útil, aunque aseguró que «en todo caso» serán condiciones muy estrictas y regladas. «Lo más importante es plantear en este momento ese horizonte, que es el horizonte con el que deben trabajar y deben contemplar las empresas que tienen instalaciones nucleares», insistió.
VIDA ÚTIL/VIDA DE DISEÑO
En la actualidad, la legislación española no determina el tiempo de funcionamiento máximo de las centrales nucleares. De hecho, la solicitud de renovación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, dio lugar este mismo año a un debate en torno a los conceptos de vida útil y vida de diseño.
En aquel momento, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) explicó que estos conceptos (vida de diseño, vida remanente o extensión de vida) no tienen significado legal explícito. No obstante, recordó que desde el punto de vista de la ingeniería, que se establece en la
fase inicial del proyecto, vida de diseño son los 40 años asignados acorde con la inversión realizada, vigentes para las centrales americanas y europeas de la misma tecnología.
Hasta el momento, la vida útil de una central, según la Instrucción del CSN IS-10 sobre ‘Revisiones periódicas de la
seguridad de las centrales nucleares’ se define como «período durante el cual una central puede ser operada cumpliendo con las exigencias de seguridad impuestas en su autorización». En todo caso, fuentes del sector recordaron que el programa electoral del PSOE ya fijaba la vida útil de las centrales nucleares en 40 años siempre que se garantice el suministro, por lo que ven pocas novedades en esta medida.
FISCALIDAD INNOVADORA
Por otro lado, la Ley de Economía Sostenible incluye el incremento del porcentaje de deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de innovación, pasando del 8 por 100 actual al 12 por 100. Además, se incrementa el límite máximo de deducción, que pasa a ser el 60 por 100 de la cuota íntegra minorada (hasta ahora el 50 por 100), en los casos en los que la inversión en I+D+i sea significativa (de importe superior al 10 por 100 de la cuota íntegra del ejercicio).
Igualmente, la normativa incorpora el mantenimiento con carácter indefinido de la deducción medioambiental en el Impuesto sobre Sociedades, cuya desaparición estaba prevista en 2011. El porcentaje de deducción pasará del 4 por 100 al 8 por 100 y se incluyen las inversiones que eviten la contaminación acústica. Por otra parte, el Gobierno se compromete, durante la Presidencia española de la Unión Europea, a impulsar la redefinición de la tributación energética para reforzar su carácter medioambiental.
En materia investigadora, se establece la titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad pública investigadora, que pertenecerán a las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de sus funciones, para facilitar la explotación comercial de las patentes. Al mismo tiempo se pretende facilitar la cooperación de los agentes públicos con el sector privado, promover la internacionalización y mejorar la formación en este campo.
PAQUETE EUROPEO CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
La norma también recoge el paquete europeo para luchar contra el cambio climático (20-20-20) y adelanta al 2016 los objetivos de ahorro energético parta las administraciones públicas. En este ámbito, se incorporan medidas para reducir emisiones, como la creación de un ‘sello’ que certifique reducciones y de un fondo público para la compra de créditos de carbono.
En materia de movilidad sostenibles, se crea una mesa de diálogo, se fomentará el transporte ‘limpio por carretera’ y el de ferrocarril para mercancías y se impulsará el coche eléctrico y la entrada de nuevos operadores en el transporte interurbano.
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