Con este anuncio, Greenpeace ve peligrar los últimos tramos de costa virgen. Proyectos como los de Marina de Cope (Murcia), diez puertos deportivos en Baleares, las concesiones de costas para los puertos de Pasaia (Guipúzcoa) o Tarifa (Cádiz) o el desarrollo macrourbanístico en El Palmar tendrían vía libre para desarrollarse sobre la primera linea de costa.
Greenpeace recuerda que todavía el deslinde, qué es y qué no es público en la costa, no se ha ejecutado completamente. Con esta situación, realizar una reforma de la Ley de Costas supondría además un gasto inasumible para el Estado y su presupuesto, ya que se tendrían que compensar económicamente los derribos ya acometidos y, por otro lado, el litoral no tendría defensa legal para amortiguar los efectos del cambio climático y las subsiguientes indemnizaciones o gastos para regeneraciones de playas o reconstrucciones de, por ejemplo, paseos marítimos.
«Hasta el momento las reformas a la Ley de Costas planteadas en el Senado y en el Congreso por el Partido Popular desde la oposición han estado encaminadas a privatizar el litoral permitiendo un uso industrial y una destrucción masiva de la costa» ha denunciado Pilar Marcos, responsable de la campaña Costas de Greenpeace. «Greenpeace recogió en tan solo una semana 10.000 firmas a favor de la Ley de Costas y si la reforma profunda amenaza el litoral virgen no dudaremos en usar toda nuestra fuerza para impedirlo«, concluye Marcos.