Los bienes públicos se definen como aquellos bienes que tienen la doble característica de ser no excluyentes y no rival. Lo primero significa que su provisión, ya sea pública o privada, no puede ser privativa de unos pocos, sino que una vez provisto es difícil excluir a alguien de poder disfrutarlo, ya que se trata de un bien no sujeto al mecanismo del mercado ni de los precios. La segunda característica implica que se trata de un bien que puede ser consumido por más de un individuo simultáneamente.
El aire que respiramos es un bien público. Se trata de un bien no excluyente, es decir, no sujeto a las leyes de mercado ni a los precios, de momento, y además es un bien no rival, que yo respire no impide que lo hagan los demás.
Precisamente porque es un bien público, el Estado interviene para garantizar su calidad y una provisión adecuada. La cuestión clave en este caso es que se trata de un bien público de ámbito internacional, por lo que requiere de un acuerdo supranacional que vincule a cuantos más países mejor.
Uno de los objetivos de la 17 Conferencia Marco de Naciones Unidas (COP17) en la ciudad de Durban el pasado 9 de diciembre de 2011, era arrancar el compromiso de los países no firmantes del Protocolo de Kyoto de reducir las emisiones de CO2 en los próximos años.
Sin embargo, observamos que mientras unos países acuerdan la reducción de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, hay otros que deciden no acogerse a dichas restricciones. China, India y Estados Unidos, no vinculados actualmente a dichos acuerdos, suman prácticamente el 50% de las emisiones de CO2 a la atmósfera según los datos publicados por la Agencia Internacional de la Energía en 2009. En estas estadísticas destaca no sólo el importante volumen de emisiones sino la tendencia de los últimos diez años. Entre 2000 y 2009, mientras los países de UE-27 realizan un importante esfuerzo por reducir las emisiones desde un 16 a un 12 por ciento, el crecimiento exponencial de la economía China, ha supuesto que sus emisiones de CO2 se haya duplicado.
Los acuerdos alcanzados en la cumbre de Durban plantean cambios respecto al modo de lograr futuros consensos internacionales y sobre cómo negociar las reducciones de emisiones por parte de los países más contaminantes, fundamentalmente, países emergentes. En concreto, se ha aprobado el inicio de un proceso multi-anual de negociación que se habrá de extender por lo menos hasta 2015, con el objeto de alcanzar en 2020 un acuerdo global legalmente vinculante destinado a mitigar el cambio climático y aplicable a todas las Partes de la Convención.
Sin embargo, la cumbre de Durban fracasa a la hora de aunar los esfuerzos internacionales, ya que algunos países firmantes del protocolo de Kyoto, como Canadá, quedan descolgados y a la espera de estos futuros acuerdos.
El aire es un bien público, el aire que tenemos, lo respiramos todos y no excluimos a nadie de respirarlo. Sin embargo, no todos disfrutamos de la misma calidad del aire y por eso, aunque todos tenemos acceso al bien aire, en realidad, es un bien muy distinto según donde vivamos. En nuestro entorno más cercano, las mejoras del aire que respiramos a nivel local y nacional contribuyen muy positivamente sobre la salud de los ciudadanos. Es más, las estudios demuestran que la salud de los ciudadanos, y más concretamente de los niños, localizados en barrios o zonas más contaminadas sufren de mayores problemas respiratorios que aquellos no sometidos a la contaminación ambiental.
A su vez, las emisiones de los gases de efecto invernadero afectan al calentamiento del planeta, pero de nuevo no afectan por igual a todos los países. Quienes pueden sufrir más duramente las consecuencias del cambio climático son los países más pobres, donde el aumento de la temperatura provoca daños irreversibles, tal y como denunciaba la OMS a la cumbre de Durban y demandaba de ésta acuerdos firmes.
La salud infantil se ve resentida sin que se haya arrancado de la cumbre de Durban ningún acuerdo concreto que permita proteger a esta población más vulnerable. La necesidad de un acuerdo mundial es evidente en esta cuestión, sin embargo, a nadie se le escapa la dificultad de lograrlo estando intereses tan diversos en juego. La contribución de los científicos y especialistas en medioambiente es clave, ya que hay que demostrar con evidencias claras que el cambio climático afecta negativamente a la salud humana. La valoración económica de esos efectos es por supuesto necesaria para contribuir a que los países incorporen dichos resultados a sus decisiones políticas. La difusión de estos resultados en ámbitos no exclusivamente profesionales sigue siendo precisa.