El miércoles 22 de febrero, el Senado aprobó una moción del PP sobre la reforma de la Ley de Costas, con el voto a favor de CiU. El mismo día, la prensa se hacía eco de que el Gobierno de la Generalitat había ofrecido al magnate del juego Adelson unos terrenos costeros en el Delta del Llobregat para construir el megacomplejo #EuroVegas. Unos terrenos que son colindantes, como mínimo, a los espacios naturales protegidos del Delta – en el mapa quedaban cubiertos los estanques del Arrayán y El Remolar – y que llegarían hasta la playa de las Filipinas. Todas las zonas que la presión social ha conseguido rescatar del embate del puerto, del aeropuerto y del Barça quedarían ahora gravemente tocadas por un megaproyecto faraónico basado en el juego y un trato legal y fiscal privilegiado.
Que CiU no ama a la ley de costas no es noticia. Durante la pasada legislatura, este partido hizo bandera política de los intereses de los propietarios de Empúria Brava, muchos de ellos extranjeros, para que se reconociera su propiedad sobre unos terrenos (y sus edificaciones) que son parte de la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre según la Ley de Costas. La presión hizo que la entonces ministra socialista de medio rural y marino, Rosa Aguilar, ignorara un informe técnico y eximiera a estos propietarios del deber de dar paso libre hasta la lengua de agua. Una moneda de cambio político a la carta. Queda ahora claro que CiU ganó una batalla… y ahora quiere ganar la guerra.
La agenda de CiU (compartida por el PP) no es nada opaca: poner en valor, es decir, permitir la realización de actividades económicas en la costa – sean constructivas, acuícolas, deportivas… partiendo de la premisa que una costa no explotada constituye una pérdida económica. Una premisa con un corolario peligroso: la privatización de la costa es la manera más eficiente de explotarla económicamente. Premisa y corolario falsos, porque ignoran dos valores fundamentales, como el de los servicios ambientales que nos da una linea de costa y unos sistemas de humedales inalterados y el libre acceso de todos los ciudadanos a la costa. Unos valores ligados al interés público, que se pueden cuantificar. ¿Qué precio tendría crear un sistema de protección de las tormentas tan eficaz como las playas? ¿Qué nos costaría depurar las aguas como lo hacen los humedales? ¿O instalar criadores de las larvas de las especies pesqueras que consumimos? ¿Qué tendríamos de pagar los ciudadanos para ocupar piscinas todo el tiempo que ahora ocupamos las playas? ¿Cuánto costaría construir y mantener todas estas piscinas?
Podríamos echar cuentas, pero no tenemos que caer en la trampa de confundir precio y valor. Al fin y al cabo, sustituir un recurso gratuito o barato, a uno de pagado o más caro, es uno de los pilares de muchos negocios. La biodiversidad que soporta el Delta del Llobregat es valiosa por sí sola y lo es mucho más allá de nuestras fronteras, puesto que aloja especies de aves migratorias. No hay ninguna piscina que pueda sustituir la emoción de bañarse en la playa de Las Filipinas. Ni de saber que esta playa es de todo el mundo.
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Habrá que esclarecer si CiU propone regalar Las Filipinas y sus dunas a Adelson. Pero lo que está claro es que no tiene ningún inconveniente de abrir los entornos de nuestras costas a los inversores. A expensas del resto de la sociedad….
PS: Y hablando de espacios naturales protegidos costeros bajo presión, no podemos olvidar la ampliación de la carretera que pasa por el medio de los Aiguamolls de l’Empordà. Una obra innecesaria, impulsada por la Diputación de Girona, ahora, también, en manos de CiU. Para más información y oponerte, puedes firmar aquí.
Anna Rosa Martínez (@mpannarosa ), Delegada de Greenpeace en Cataluña
Imagen: La Vanguardia/Cedida
