La Generalitat vería con buenos ojos que el Gobierno que preside Mariano Rajoy incluya criterios medioambientales en el impuesto de circulación y que los vehículos paguen en función de lo que contaminan, por lo que ha animado al ejecutivo a tomar medidas en esta dirección.
En una entrevista con Europa Press, la directora general de Calidad Ambiental, Assumpta Farran, ha puesto como ejemplo de esta reforma el modelo implantado en Catalunya para facilitar descuentos en los peajes a los coches que menos gases emiten, algo que ha considerado «muy fácil».
De hecho, el modelo de la Generalitat discrimina en función del combustible que utiliza el turismo, ya que los gases que expulsan no son los mismos, y considera que un vehículo es ‘limpio’ si funciona con electricidad o gas natural, si funciona con gasóleo o biodiésel y emite menos de 108 gramos de CO2 por kilómetro, o si funciona con gasolina y emite por debajo de 120 gramos.
A pesar de ello, ha dado casi por descartada la idea de clasificar los coches con etiquetas de colores para diferenciarlos, ya que no tiene sentido que solo lo implante una comunidad autónoma cuando los coches se mueven y «el Gobierno no ve esta medida demasiado bien».
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció a principios de abril que iniciará a partir del mes de octubre la reforma de la ley del calidad del aire, si bien Farran ha asegurado que hasta el momento no se han producido contactos con la Generalitat para trabajar en la nueva normativa.
NORMATIVA DE LA UE
La directora general ha explicado también que la Unión Europea (UE) es consciente del «problema serio» que tienen las diferentes regiones para cumplir los límites de PM10 y óxidos de nitrógeno (NOx), y que actualmente superan la mayoría de zonas industriales.
«Hay una tecnología detrás que nos está fallando», ha resumido, ya que los nuevos turismos emiten unas cantidades de NOx por encima de lo deseable y, adicionalmente, no todas las regiones tienen el mismo problema y se hace complicado legislar.
La UE acogerá en junio una reunión para abordar el tema, si bien Farran es consciente de que con la legislación en la mano se deberían sancionar a varias regiones –no solo Barcelona y Madrid–, y «no puede ser que el profesor suspenda a toda la clase».
En todo caso, ha vaticinado que relajar la normativa no será fácil, ya que se entiende que los límites de contaminación están ligados a un problema de salud pública.
En relación a la investigación que sigue la Fiscalía de Medio Ambiente sobre el tema, Farran ha señalado que la Generalitat remite cada tres meses los datos que están en su poder, si bien ha dicho desconocer en qué punto se encuentra la investigación.
ECOticias.com – ep
