En estos tiempos en los que nos avasallan nefastas noticias económicas, y la clase política y algunos medios de comunicación no cesan de alimentar el miedo, nuestro bienestar no sólo está amenazado por los “monstruos” de las finanzas sino que otras sombras alargadas planean sobre nuestro futuro por las débiles medidas políticas tomadas en materia de medio ambiente y desarrollo.
Ahora que los que líderes políticos, la ciudadanía y el sector privado deberíamos aunar fuerzas para encontrar alternativas que nos permitan vivir de manera sostenible, cerrando las brechas de desigualdad y en consonancia con los límites de nuestro planeta, algunos hechos evidencian la falta de liderazgo de nuestra clase política para promover iniciativas que alimenten un modelo sostenible y justo.
A pesar de que gran parte de la crisis a nivel nacional tiene su origen en el boom inmobiliario, se sigue apostando por despropósitos como la iniciativa Eurovegas o la macro-urbanización de Valdevaqueros como vías para la generación de empleo y la dinamización de la economía, lo que hace pensar que poco hemos aprendido de los errores cometidos hasta ahora.
La crisis es una oportunidad para reconvertir nuestro caduco modelo productivo y así dejar atrás la lacra del ladrillo para apostar por la I+D, las energías renovables y la gestión sostenible y justa de los recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino global.
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Para ello, es imprescindible favorecer políticas ambientales y de desarrollo ambiciosas, pero parece que nuestro Gobierno no es consciente de ello, y así se lo recriminan incluso desde la Comisión Europea. La semana pasada, la Comisión señalaba con el dedo al gobierno de Rajoy ante la ausencia de política medioambiental en su programa de reformas e insistía en que España sigue retrasada respecto a otros países de la UE en la aplicación de la legislación medioambiental.
Las políticas gubernamentales deben dirigirse a garantizar las necesidades básicas de la población (educación, salud, vivienda, alimentación) y a saldar la deuda socio-ambiental que España, junto con el resto de países desarrollados, tiene con los países en desarrollo. Sin embargo, las recientes reformas son totalmente opuestas. Los brutales recortes en Ayuda Oficial al Desarrollo, Educación y Salud Pública, los retrocesos en política ambiental y el rescate de entidades bancarias que poco o nada han hecho por la ciudadanía, no se alinean con la garantía de los derechos fundamentales de las personas.
Por ello, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, nos gustaría recordar que para avanzar es necesario dejar atrás las soluciones cortoplacistas y buscar alternativas por y para las personas. Las soluciones sólo serán viables si se basan en el reconocimiento de la dependencia vital de los ecosistemas en los que vivimos y en el cuidado de las poblaciones que vivimos en ellos.
En este sentido, la próxima cumbre Río+20 (20-22 jun) sobre desarrollo sostenible, a la que acudirá el presidente del Gobierno, debe ser una oportunidad única para que nuestros líderes políticos ofrezcan soluciones reales a los nuevos desafíos que plantea la actual crisis económica, energética, ambiental y social. El modelo de desarrollo actual supone una seria amenaza para la consecución de derechos humanos fundamentales como el acceso y la disponibilidad de agua, alimentos, energía, salud y vivienda para muchas poblaciones pobres de países del Sur.
Dejemos de invertir en entes virtuales como los mercados para atender a las necesidades de reales de los 7.000 millones de personas que vivimos en un mundo que si no hacemos nada para evitarlo seguirá siendo injusto, mal repartido y esquilmado.
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