San Sebastián aplica cláusulas ‘sociales’ en sus contrataciones públicas

El Gobierno municipal de Bildu en San Sebastián ha presentado un borrador de «cláusulas sociales» para su aplicación en sus contrataciones públicas, con el objetivo de que el Ayuntamiento y las instituciones dependientes de éste, fomenten la compra y la contratación «socialmente responsable de productos, obras y servicios».

   En una rueda de prensa celebrada en la capital guipuzcoana, el delegado donostiarra de Hacienda, Jabi Vitoria, acompañado del concejal de Bienestar Social, Jon Albizu, y la concejal de Igualdad, Naiara Sampedro, ha destacado que esperan que este borrador «sea aceptado y aprobado lo más pronto posible» en la Junta de Gobierno.

   Según ha señalado, el objetivo de estas nuevas cláusulas «el respeto de los derechos de todos los trabajadores, la protección social, la ética, la no discriminación, el fomento de la igualdad, la protección de los derechos lingüísticos y la protección del Medio Ambiente».

   Vitoria ha explicado que serán los departamentos los que decidan cómo aplicar los criterios en cada contrato y una comisión de seguimiento será la encargada de revisar y dar el visto bueno a los pliegos que se realicen.

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   Además, prevén realizar inspecciones en las empresas y, «si se incumplieran las condiciones de ejecución de dichos contratos, el órgano de contratación tendría dos opciones, suspender el contrato o aplicar un penalización del 10 por ciento del presupuesto de ejecución».

   El delegado de Hacienda ha apuntado que, para facilitar el trabajo a las empresas, se realizará una guía y una aplicación informática, y los técnicos del departamento correspondiente les ofrecerán asesoría personalizada.

   Albizu ha indicado que estas cláusulas les permitirán «abrir un hueco en el mercado para empresas de inserción socio-laboral e implicar a las empresas ordinarias». Además, se requerirá el cumplimiento de criterios sobre salud laboral y prevención de riesgos y la aplicación de convenios laborables de Gipuzkoa. Además, se limitará «sustancialmente» la subcontratación.

   El concejal de Bienestar Social ha señalado que anualmente se reservarán algunos contratos para empresas de inserción social y centros especiales de empleo de personas con discapacidad.

«PROTECCIÓN LINGÜÍSTICA»

   También habrá el apartado de protección lingüística se requerirá que la comunicación con la administración se pueda realizar en euskera y castellano. De esta forma, si la empresa tiene contacto directo con la ciudadanía, tendrán que conocer ambos idiomas.

   Por otro lado, Sampedro ha apuntado que las empresas deberán respetar la ley de igualdad y la conciliación familiar, y en el caso de que no haya equilibrio entre ambos sexos, deberán contratar a una mujer.

ECOticias.com – ep

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