El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental que supone una «reforma estructural» que conjuga, «la necesaria reforma» de los procedimientos administrativos, para que sean más ágiles y se cumplan los plazos, con la protección del medio ambiente, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha dicho que esta ley es «clave» para el sector del Medio Ambiente, pero también para el sector de la inversión. Según ha defendido, con la reforma se conjuga la protección «más integral» del medio ambiente con el cumplimiento de los plazos para agilizar las evaluaciones de impacto ambiental.
«Es una regulación más clara», ha añadido Sáez de Santamaría, que ha explicado que a partir de ahora la evaluación de impacto ambiental será más rigurosa y estricta con los proyectos que puedan suponer un mayor impacto en el medio ambiente y más rápida y menos costosa para aquellos en los que se prevé unas implicaciones menores en el entorno.
A continuación, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que la nueva ley garantiza el «máximo nivel de protección para el medio ambiente» a través de la prevención y que unifica «todas» las leyes de evaluación ambiental e incorpora todas las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación ambiental vigente y de sus reglamentos de desarrollo.
En tercer lugar, el ministro ha destacado que favorece el trámite de información pública a los ciudadanos, anunciando todos los trámites al ciudadano en las páginas web y promoviendo la utilización de nuevas tecnologías. Igualmente, propone que, de forma voluntaria, todas las administraciones públicas puedan aplicar el nuevo modelo que contempla la Ley, por lo que tratará de conseguir que todas las comunidades autónomas desarrollen un procedimiento armonizado común a todos los operadores.
A su juicio, esta ley será «muy positiva para la unidad de mercado», para la agilidad y para que los procedimientos sean más rápidos y, en definitiva, todos marchen en una misma dirección de agilidad y simplificación.
El ministro ha señalado también que la Ley se adapta «rigurosamente» a las directivas ambientales de la Unión Europea porque ha tenido en cuenta las modificaciones en la normativa ambiental que está haciendo Europa en la actualidad. «No hay una sola exigencia de la Unión Europea en materia de evaluación ambiental que no se haya incorporado al texto legal cuya modificación estamos proponiendo», ha apostillado.
EVITAR LO INTOLERABLE
Asimismo, ha destacado que con la nueva norma se reducirán los plazos para evitar «casos puntuales» que se han dado y en los que la tramitación ha durado hasta 15 años y que ahora se tramitarán en un plazo de entre 4 y seis meses, frente a la media actual de 3,4 años. En este momento, según ha explicado, hay unos 10.000 expedientes pendientes, que podrían originar unos 80.000 puestos de trabajo por lo que «busca solucionar estos problemas».
Arias Cañete ha puesto de ejemplo la Declaración de Impacto Ambiental de la refinería Balboa, que llevaba 7 años pendiente y que se resolvió tres meses después de su llegada al Ministerio de Medio Ambiente. «Eso no se puede consentir en una sociedad moderna», ha opinado, al tiempo que ha reiterado que la protección ambiental va a ser «máxima».
Entre otras novedades, ha subrayado que la Ley integra los efectos del cambio climático, que crea la «novedosa» figura de los bancos de protección de la naturaleza (que «han funcionado bien en Estados Unidos») y que incluye la obligatoriedad de que el fracking o fractura hidráulica para extracción de hidrocarburos se someta a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Con este Anteproyecto, el Gobierno pretende subsanar las deficiencias del actual modelo y prevé, de acuerdo con las directivas comunitarias, que se sometan a evaluación ambiental los planes, programas o proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
En este sentido, establece que la evaluación sea «especialmente garantista» en el caso de los proyectos para los que se prevean impactos significativos, pero más ágil y menos costosa para las iniciativas con una menor incidencia ambiental.
Entre otras medidas, la norma especifica que la falta de pronunciamiento del órgano ambiental en los plazos legalmente establecidos en ningún caso podrá entenderse como una evaluación ambiental favorable. Exige, asimismo, una mayor calidad en los estudios y documentos sobre los que deben pronunciarse los órganos ambientales.
Según el Gobierno, la futura Ley, al tiempo que garantiza un alto nivel de protección medioambiental, tendrá efectos positivos sobre el crecimiento y el empleo, ya que las tramitaciones ajustadas a los nuevos plazos incentivarán la inversión y, al simplificar los procedimientos administrativos, también promoverá la generación de puestos de trabajo.
Por último, también promueve las nuevas tecnologías y el acceso de los ciudadanos a la Administración electrónica y, en el ámbito de la participación, favorece el trámite de información pública al ciudadano, todo ello orientado, en definitiva, a sumar esfuerzos para una protección efectiva del medio ambiente.
ECOticias.com – ep
